Como cada última semana de julio, en cada año, de vuelta de vacaciones en la estación de invierno los colegios retornan a la normalidad de sus clases. Las actividades en las aulas comienzan tempranamente, las rutinas, ejercicios y tareas dan vida a los establecimientos educacionales. La ciudad despierta con estudiantes presurosos de encontrarse con sus pares y amigos del aula.
Los maestros, profesoras y en general todo el personal que tiene responsabilidades: técnico, profesional, administrativos, docentes y paradocentes, entregan lo mejor de sí por sus alumnos y educandos.
La noticia política que estuvo en las primeras páginas de la noticia en nuestro país, fueron los dichos del Ministro de Educación, referido a los bingos para solucionar problemas de infraestructura en los colegios. Más allá de la furibunda arremetida, con o sin razón de la oposición que pedía su cabeza, lo cierto, fue el mismo presidente Sebastián Piñera, a mi juicio quien puso las cosas en su lugar. Lo que de verdad interesa, es el fondo del problema que afecta tanto a los distintos establecimientos, municipales y subvencionados, donde los recursos financieros son realmente escasos. Especialmente, cuando hablamos de una educación de calidad.
El problema es mucho más grave y mayor cuando se trata de establecimientos subvencionados. Debemos tener presente, que de alguna manera los municipios siempre hacen esfuerzos por entregar recursos y dotar de mejor infraestructura a sus establecimientos. Además, cuentan en forma adicional con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el concurso de otros cuatro fondos. Pero otra cosa muy distinta sucede con los subvencionados, donde, si bien los sostenedores reciben un aporte mínimo, tienen que batirse con sus propias fuerzas e inteligencias para cubrir las exigencias de equipamiento e infraestructura. Aquí estamos en presencia de una discriminación que raya en lo inconstitucional por parte del Estado.
Otro de los aspectos que convoca al debate de fondo, dice relación con la administración centralizada de las funciones del Mineduc y de la misma Superintendencia. Estamos en presencia de una burocracia que “todo depende de Santiago”. Para poder avanzar en una verdadera descentralización política y administrativa, entonces, se debiera contemplar la autonomía regional para todos los asuntos que ya están en el decreto con fuerza de ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación. Por consiguiente, al Ejecutivo le recae esta responsabilidad de llevar adelante la transferencia de las obligaciones de competencia administrativa en dichos servicios públicos, a cada región del país. Entiendo que, si no hace nada a este respecto, quiere decir, que la próxima elección de Intendentes, será otra jugarreta del “Centralismo” y que los rumbos de Chile en democracia no cambian para nada, a menos que se haga por la fuerza organizada y movilización social.
Ahora, otra raya para la suma, cuando hablamos de educación, es mejor referirse al Art. N°2 del decreto anteriormente citado (DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación) que dice “se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la trasmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas, para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa, en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”
Todo lo anterior, creo que para algunos puede ser una majadería legal, sin embargo, sé que nadie se molestará por ampliar sus conocimientos cívica; por esta razón muy simple decidí transcribir el párrafo completo de tal normativa. Vengo, desde los años 1990 por mantener el derecho de la gratuidad de los lactantes y párvulos hijos de los trabajadores de Zofri, después, enfocada a la comunidad laboral iquiqueña desde el Barrio El Matadero, en dar vida y mantener un establecimiento con una educación de calidad, sin fines de lucro. El Estado muy lejos de ayudar en estas responsabilidades, se luce con asuntos dignos de causas ante un tribunal penal…Amigos, amigas, lectores metieron en el mismo saco legal a los Jardines Infantiles con las Universidades en el afán de controlar “el Lucro” y se les aplica los mismos estándares de exigencias jurídicas, pero sin ayuda en los costos ante nuevos requerimientos de diversa índole. Al momento de legislar ¡No respetaron la cultura, trayectoria, eficiencia y liderazgos, experiencias y sacrificios de quienes somos artífices de la educación preescolar! No hay espíritu de la ley y menos sentido común en favorecer al mundo vulnerable. Este es mi grito indignado que se me viene a la mente ¡La Educación de Chile comienza por los niños! Por último, gracias a las personas de alta sensibilidad que cooperan anónimamente en el éxito de la educación preescolar y ayudan cuando se precisa a nuestro establecimiento “Anatiri” por ser un caso excepcional en el país.
Nelson C. Mondaca Ijalba
nmonijalba@gmail.com
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