Quienes en octubre de 2020 aprobaron redactar una nueva Constitución, tenían la esperanza de mejoras sustanciales, particularmente en educación, pensiones y salud. La encuesta Cadem de noviembre de 2020 muestra que el 48% de quienes votaron Apruebo tenían como prioridad estos 3 derechos sociales. Veamos el caso de la educación.
En el borrador se advierte un patrón común: hay lindas frases, como por ejemplo que el Estado garantiza la libertad de educación, pero que luego se restringen o devalúan. En este caso, la libertad de enseñanza es casi nula, pues se garantiza sólo si se cumple con los principios y fines establecidos: cooperación, no discriminación, inclusión, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, carácter no sexista, por nombrar algunos. Se asume que estos y otros principios son compartidos por todos, o que son aplicables en todo contexto, lo que no es así.
No son requisitos «mínimos», que fomentarían la diversidad de proyectos educativos, sino que se trata de un extenso catálogo de principios obligatorios. No es extraño que no se consagre el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.
La existencia de la educación particular subvencionada (55% de la matrícula nacional) queda en franca incertidumbre. El Estado será el proveedor casi exclusivo. No se reparó incluso en que el 88% de los niños con necesidades educativas especiales, asiste a colegios particulares subvencionados. En cuanto a la educación pública, no hay definiciones de peso que apunten a la mejora en calidad.
Se pedía el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, pero la propia Constitución definió los objetivos de la educación. Se pedía una educación más justa, pero se confundió justicia con uniformidad. Se pedía una mejor educación, pero se eliminó el sistema mejor evaluado por los padres.
Este proceso era una ocasión inmejorable para mejorar la educación. No sabemos qué pasó.
Felipe Varela
Director Mi Derecho a Educar
