Consultados por el informe de Contraloría sobre licencias médicas, desde la Asociación de Isapres se informó lo siguiente:
Las licencias médicas son un beneficio muy importante y valorado por los trabajadores, pues les permite ausentarse de sus labores y recibir un subsidio en reemplazo de su
remuneración cuando están enfermos, mientras concretan sus tratamientos y recuperan la salud.
En los últimos años se ha visto un aumento exponencial de estos permisos en el sistema de salud, a la vez que han proliferado los casos de fraude, con ventas de licencias médicas,
inclusive por redes sociales y sitios web especializados, que hoy persiguen la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, Fonasa e Isapres, en acciones inéditas y mancomunadas
que buscan sancionar y terminar con este delito, en cumplimiento del mandato legal que cada administradora tiene, de velar por el correcto uso de la cotización para salud.
En ese contexto, valoramos la acción de la Contraloría que pone de manifiesto la práctica extendida de mal utilizar este subsidio, y esperamos que los organismos competentes
promuevan las acciones necesarias para custodiarlo. Sin embargo, los hallazgos también demuestran que el modelo de licencias médicas está agotado y evidencian la necesidad de
una completa transformación.
El aumento del uso irregular y los casos de fraude detectados denotan que la estructura administrativa de las licencias médicas no está siendo eficaz. Las Isapre, frente a las
vulneraciones que se han constatado, realizan una fiscalización acuciosa y permanente, que muchas veces resulta infructuosa: miles de licencias médicas, reparadas con contundente
respaldo, terminan siendo revertidas sin la debida justificación sanitaria.
A la luz de los casos de fraude detectados, las investigaciones del Ministerio Público y el reciente informe de Contraloría, es de esperar que el proyecto de ley anunciado por el
gobierno para reformar el sistema de Licencias Médicas recoja la necesidad existente y proponga un nuevo modelo que evite el desvío de recursos que debieran destinarse a la
cobertura de enfermedades y protección de salud de los afiliados, tanto en el sistema público como en el privado.
