“El Gobierno respeta plenamente la autonomía de los Tribunales de Justicia y, como es costumbre, no se pronuncia sobre el contenido de sus fallos. Dicho esto, la sentencia del Primer Tribunal Ambiental confirma la gravedad de un problema reconocido tanto a nivel nacional como internacional: la proliferación de microbasurales, vertederos ilegales y el cementerio de ropa usada en la Región de Tarapacá.
Nuestro compromiso es avanzar en soluciones de fondo. Por eso estamos impulsando una política nacional robusta que incluye la Estrategia Nacional de Residuos, con metas concretas para reducir la disposición final en vertederos, aumentar el reciclaje, el compostaje y fortalecer la economía circular. En esa misma línea, la incorporación de los textiles como producto prioritario en la Ley REP marcará un antes y un después, obligando a productores e importadores a hacerse cargo de la ropa al final de su vida útil, reduciendo así los acopios ilegales que afectan especialmente a Alto Hospicio.
En paralelo, se despliega un plan especial de fiscalización en zonas críticas, con participación de municipios, Carabineros y la Superintendencia del Medio Ambiente, que contempla vigilancia permanente, sanciones y coordinación con los Juzgados de Policía Local.
Como Gobierno sabemos que no basta con sancionar ni con limpiar. El desafío es transformar el sistema: concientizar, prevenir, fiscalizar, recuperar y valorizar. Queremos que Tarapacá deje de ser símbolo del abandono ambiental y se convierta en un referente de justicia ambiental y economía circular para el país y el mundo».
- Seremi de Gobierno, Rodrigo Vargas.
