A ambos, que estuvieron privados de libertad, se les atribuyó haber participado en lanzamiento de artefactos incendiarios contra carabineros.
Los defensores penales públicos de Alto Hospicio lograron el sobreseimiento definitivo de dos imputados a quienes se les atribuía participación en las movilizaciones sociales de noviembre del año 2019, acusándoles del lanzamiento de artefactos incendiarios contra carabineros. Se trata del joven aymara Aníbal Copa y de Bastián Díaz, quienes estuvieron en prisión preventiva, medida sustituida después por arresto domiciliario total, atendiendo los antecedentes aportados por sus defensores Mario Villablanca y Claudio Rojas,.
En este caso, luego de más de un año de investigación y con medidas cautelares vigentes, el 9 de diciembre del 2020, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en la investigación pues no pudieron reunir antecedentes suficientes para respaldar la acusación de haber cometido delitos en el marco de una manifestación social ocurrida en noviembre del 2019 en la ciudad de Alto Hospicio.
El sobreseimiento definitivo fue decretado esta mañana por el Juez de Garantía Raúl Santander, en audiencia solicitada por los defensores penales públicos de la Región de Tarapacá, atendidos los argumentos jurídicos y otros antecedentes presentados por ellos, sumado a todos los demás datos reunidos en la investigación.
El caso tuvo amplia repercusión en la prensa regional y nacional debido a la gravedad de las imputaciones y a las severas medidas cautelares decretadas para ambos, consistentes en prisión preventiva que cumplieron por varios meses, para pasar después a arresto domiciliario total.
En la situación específica de Aníbal Copa, su causa fue asumida por la Defensoría Indígena de la Defensoría Regional de Tarapacá, unidad que comenzó a operar el año 2019.
Respecto al sobreseimiento, el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, destacó que dicha resolución fue fruto de “la dedicación profesional, permanente y especializada de nuestro equipo, en un trabajo que no es más que el mismo servicio que dedicamos a cada uno de los casos que nos llegan. Nuestra labor es absolutamente técnica y en ese escenario logramos que los tribunales reconocieran que contra éstos jóvenes no habían fundamentos para perseguirlos penalmente, algo que trabajamos también junto a sus familiares y la comunidad aymara de la región, quienes siempre comprendieron nuestra labor jurídica y nos apoyaron”. (Boletín de Prensa de la Defensoría de Tarapacá)
