Los defensores penales públicos presentaron cautelas de garantías para asegurar las medidas de cuidado sanitario.
Tras la interposición de Cautelas de Garantía por parte de los defensores penales públicos de Tarapacá, los Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique, dispusieron una estrecha vigilancia sanitaria, planificación de alternativas de atención hospitalaria de emergencia y la entrega de información permanente ante el brote de coronavirus que afecta a la mayoría de los internos del penal de esa localidad y a un grupo importante de vigilantes.
Este Centro de Detención Preventiva que administra allí Gendarmería tiene un total de 73 personas bajo internación, de los cuales 53 fueron diagnosticados como positivos al Covid-19. Con esa afección también permanecen 13 de los funcionarios asignados a tal unidad.
En uno de los pronunciamientos, el juez de Garantía de Pozo Almonte, Edgardo Castro, respondió a los antecedentes y peticiones de los defensores que representan a tales internos, quienes intervinieron apenas conocidos los resultados de los exámenes aplicados por Gendarmería, luego que algunos de los detenidos mostraran síntomas típicos del coronavirus.
“Me parece positivo que los tribunales acogieran nuestras inquietudes y ordenaran de forma inmediata la entrega de la información clave para conocer la situación sanitaria y las condiciones en que la institucionalidad puede enfrentar un eventual agravamiento de los casos”. Así lo manifestó Scarlett Muñoz, una de las defensoras penales públicas que pidió la audiencia de cautela de garantías.
En la oportunidad, la abogada argumentó: “las instituciones estatales deben garantizar los derechos fundamentales de las personas que mantienen a su cargo, como es el caso de quienes son remitidos a los centros penitenciarios; lo que hacemos desde la Defensoría Penal Pública es velar que esas garantías se respeten”.
En uno de los informes que el tribunal requirió, a solicitud de la defensa, la Municipalidad de Pozo Almonte establece que esa comuna no cuenta con establecimientos de salud preparados para mantener a pacientes en hospitalización, por lo cual, si algún interno del penal se agrava deberá ser trasladado a Iquique o Alto Hospicio.
En esa línea, Gendarmería informó por oficio a la magistratura que en el recinto penitenciario se mantiene una rigurosa rutina de control y aislamiento de los casos diagnosticados, lo que es complementado con un mayor despliegue de medidas de sanitización de sus dependencias. En las audiencias para revisar este caso también actuaron, en representación de sus respectivos internos, los defensores penales públicos Mario Villablanca, Carolina Lagos, Pamela Delucchi, Klaus Bremer y Juan García
