ARICA.- Luego que Contraloría declarara que el proceso no se ajustó a la legalidad, el parlamentario ariqueño enfatizó que “se deben aclarar todos los antecedentes, establecer si hubo irregularidades y determinar las responsabilidades del caso”.
“Estamos ante una situación grave, que perjudica a miles de familias que lo están pasando mal por la crisis sanitaria y que debe ser aclarada a la brevedad”. De esta manera, el diputado ariqueño Nino Baltolu anunció el envío de un oficio de fiscalización dirigido a la Intendencia Regional de Arica y Parinacota solicitando antecedentes e información tras la cuestionada adjudicación de 22.500 canastas de alimentos.
Y es que después que la Contraloría General de la República declarara que el contrato suscrito entre la Intendencia Regional y la empresa Tobar y Tobar Ltda. para el suministro de cajas familiares, no se ajusta a la legalidad, el diputado Baltolu fue enfático al señalar que “se deben aclarar todos los antecedentes, establecer si hubo irregularidades y determinar las responsabilidades del caso”.
“Claramente estamos ante un hecho que debe ser investigado a detalle, se deben aclarar los montos, los responsables de tomar las decisiones, cómo se llegó a la empresa involucrada y las verdaderas razones tras esta adjudicación. No podemos tolerar que se juegue con recursos e insumos destinados a ayudar a miles de familias ariqueñas que están sufriendo las consecuencias socio-económicas de la pandemia”, dijo.
“Lamentablemente, los principales afectados con esta situación son los propios ariqueños que requerían de esta ayuda de forma urgente. Los responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley”, remató Nino Baltolu.
