Por estos días los integrantes de la mayor red de tráfico de inmigrantes desbaratada en Chile está siendo objeto de un juicio oral en la ciudad de Arica.
La fiscalía de esa zona del país está pidiendo un total de 67 años de cárcel para los imputados. Este delito es uno de los más lucrativos tras la venta ilegal de drogas y armas a nivel mundial.
Ante esta situación, un grupo de diputados de Renovación Nacional, entre ellos Ramón Galleguillos presentó una agenda “anti-coyotes”, que busca mejorar la legislación sobre trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes.
Las tres propuestas van orientadas a modificar el Código Procesal Penal, en la búsqueda de que el fiscal de la causa tenga la posibilidad de apelar verbalmente y en la misma audiencia si es que no se decreta la prisión preventiva contra el imputado que traficó personas, a fin de evitar que éste salga del territorio nacional.
“En definitiva buscamos que el imputado no pueda ser puesto en libertad hasta que se falle el recurso. No podrá ser puesto en libertad hasta que se falle el recurso asegurando su participación en el proceso”, sostuvo Galleguillos
La segunda moción solicita que se permita las interceptaciones telefónicas sin la necesidad de indicar el nombre y dirección del afectado con la medida, ya que los imputados por estos delitos en general se les conocen con apodos y no se cuenta con dirección.
Y por último, se pide que la víctima de estos ilícitos puedan declarar en forma anticipada a la formalización de cargos.
Con la legislación actual, si se desbarata una red de tráfico, la víctima debe esperar hasta la formalización al menos y unos dos meses en promedio para que se le tome su declaración y lo único que quiere es regresar a su país.
