Ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema dictó el famoso fallo en que ordenó, entre otras cosas, que se dejara sin efecto la tabla de factores que utilizaban diversas Isapres, y que en su defecto, aplicaren la tabla única de factores establecida por la Superintendencia de Salud (SIS). Lo que más dolor de cabeza ha generado al Ejecutivo, las aseguradoras privadas y al Congreso, es que en dicho fallo se establece que la Superintendencia de Salud en el plazo de 6 meses debía establecer un mecanismo para restituir como excedente de cotizaciones lo cobrado en exceso por la aplicación de la tabla de factores.
Hasta ahí parece bastante claro lo que debe hacer la Superintendencia con objeto de aplicar lo resuelto por la Corte Suprema. Entonces. ¿Por qué ha sido necesario que dicho organismo presente un recurso de aclaración ante este fallo? Al respecto es interesante entender bien las palabras de la entonces ministra vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Lo que señaló en su momento y que le costó su salida del cargo, no es otra cosa que recordar que las sentencias de los tribunales de justicia nacionales son normas jurídicas singulares y concretas que tienen por objeto resolver situaciones claramente delimitadas, por lo que solo generan efectos para las partes de dicho juicio, en este caso, las Isapres y quienes las demandaron. Lo anterior, como también señaló la ministra Vivanco, no impediría que el resto de los afiliados posteriormente demandaran para que también se les ajusten sus planes en base a este fallo.
Lo importante del rechazo de los recursos de aclaración por parte de la Corte Suprema, es que se trata de una clara señal que tiene por objeto salir de la coyuntura y volver a enfocarnos en que es urgente avanzar de manera decidida en la arena legislativa para resolver de una vez por todas el rol de las Isapres en nuestro sistema de salud y regular de manera adecuada su funcionamiento. Hace más de diez años el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ciertos elementos de la tabla de factores, y a pesar de haberse presentado diversos proyectos de ley en la materia, aún sigue sin resolverse, lo que ha llevado a una década de judicialización y falta de certezas jurídicas que son esenciales en un área de las políticas públicas tan delicada como es el acceso a la salud de los chilenos.
*Daniel Montalva Decano Facultad de Derecho Universidad de Las Américas
