El caso Primus Capital no puede reducirse a un escándalo más. Representa un hito. En esta ocasión, la autoridad reguladora actuó con diligencia y aplicó una sanción severa, bien fundamentada y dirigida a quien tenía el deber de evitar la transgresión.
Francisco Coeymans, como gerente general, no incurrió en un error fortuito. Infló activos por más de $35.000 millones y ocultó pasivos relevantes con pleno conocimiento. Esta acción distorsionó la situación financiera de la empresa, engañó al mercado, a los inversionistas y al propio directorio.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) le impuso una multa de UF 50.000 y lo inhabilitó por cinco años. Lo relevante no es la sanción en sí, sino el mensaje claro que se establece: las falsedades no se tolerarán, y los altos cargos deben rendir cuentas.
Para quienes trabajan en cumplimiento, esta resolución no es una sorpresa. Lo que sí resulta llamativo es que, finalmente, se hayan aplicado consecuencias reales.
Este caso debe marcar un estándar. Cuando los controles fallan, el carácter debe sostener el sistema y, cuando este también se quiebra, la respuesta institucional es indispensable. Esta vez, al menos, se materializó.
José Ignacio Camus
Director de Admiral Compliance
Cofundador de AdmiralONE
