Las energías renovables tienen la capacidad técnica para resolver una obligación ética y moral con la ruralidad
A propósito de que se acerca el día del plebiscito y la toma de decisión respecto al cómo se escribirá la nueva Carta Magna, también es muy bueno que vayamos tomando definiciones en ciertos temas.
Uno de ellos, entre muchísimos otros, es el tema del cómo podemos desarrollar las zonas rurales, y muy relevante es el tema de que las energías renovables pueden llegar a ser el catalizador ideal para el desarrollo de la ruralidad.
Se estima que en Chile existen más de 20 mil viviendas sin acceso a la energía eléctrica, equivalentes a un 3% de la población rural.
Este guarismo nos da una pauta concreta respecto de los déficits existentes en la ruralidad, para llevar a cabo procesos productivos que impliquen desarrollo para los habitantes y potenciales emprendedores de sus comunidades.
La falta de energía es consecuencia de las dificultades geográficas y económicas para llevar la red eléctrica a estas zonas, normalmente ubicadas en lugares extremos del país y establecidas de manera muy distantes entre unas y otras.
Entre otras localidades, destacan zonas del altiplano en el norte de Chile, zonas costeras y caletas, islas en el sur y también en varias localidades de la región de Magallanes.
Es una situación difícil de enfrentar con los sistemas tradicionales de tendidos eléctricos extensos y costosos, empleados hasta la fecha.
Ni los gobiernos de turno, ni tampoco las empresas privadas invertirán enormes sumas de dinero para alimentar a unas pocas viviendas o villorrios.
Sin embargo, la solución está a la vuelta de la esquina, me refiero a las actuales tecnologías renovables.
Los costos de la generación fotovoltaica y eólica han bajado a niveles tales que, son tan baratas como los actuales costos de la electricidad termoeléctrica, y mucho menos costosa que los sistemas que deben utilizarse a falta de red, como son los generadores cuyo insumo son la bencina o el petróleo diésel.
Considerando que una vivienda promedio pudiera demandar unos 100 Kwhr mensuales, podríamos señalar que en términos económicos esa vivienda requeriría una inversión de baja cuantía en equipos, los que con una capacitación adecuada, podrían ser instalados por los propios beneficiarios.
Esto significa que en términos globales se requerirían unos US$ 70 millones, monto con el que estas zonas aisladas podrían disponer de electricidad.
Más que merecido este beneficio, considerando que estos compatriotas son precisamente quienes hacen verdadera soberanía en nuestro país, y que son gente esforzada que intenta desarrollar actividades productivas bajo condiciones muy desmejoradas.
Finalmente, la solución a esta problemática pasa a ser una obligación ética y moral para la ruralidad de nuestro país.
Hernán Cortez Baldassano
Ingeniero Civil U. de Chile