La Comisión Mixta del Congreso Nacional que apunta a zanjar las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras aborda las fórmulas para mejorar el actual marco legal, sin embargo, no aborda toda la problemática del comercio informal.
“Esta no es una ley general sobre comercio irregular, sino que está enfocado en combatir la asociación ilícita”, así lo expresó el senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto relativo al comercio ilegal.
La instancia compuesta por senadores y diputados ha recibido las exposiciones de diversas organizaciones gremiales, entre las que se cuentan: la Asociación Chilena de Municipalidades (ASEMUCH) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
En esa línea, el senador Insulza precisó que “el comercio ilícito es parte de la vulneración de la propiedad intelectual. No estamos persiguiendo al pequeño ambulante sino la asociación ilícita que se crea frente a este asunto”.
De este modo, “el proyecto apunta a combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten su labor investigativa”. Por lo mismo, aclaró que “las indicaciones tienen que ver con las ideas matrices, pues esta no es una ley de municipios o que aborde el todo el comercio ilegal”.
El texto establece sanciones para quienes comercialicen al público en general productos falsificados, o que carezcan de autorizaciones sanitarias, o respecto de los cuales no pueda acreditar su origen.
Por otro lado, también contempla penas contra quienes se asocien u organicen para suministrar al vendedor o distribuidor los productos falsificados, que carezcan de autorizaciones sanitarias o respecto de los cuales no pueda acreditar su origen.
En esa línea, la ASEMUCH estimó que “atacar la cadena de distribución y el origen de los productos que dan lugar al comercio ilegal puede contribuir en mayor medida a terminar con este problema”.
Del mismo modo, valoraron que “las Municipalidades puedan hacerse parte en los procesos de este tipo cuando el Servicio de Impuestos Internos actúe como querellante”.
En tanto, desde la Cámara de Comercio precisaron que “en 2017 Aduanas confiscó en fronteras 8.724.263 productos que atentaban contra la propiedad intelectual/ industrial. Es decir, un alza de 96,57% respecto a 2016. El valor comercial de las mercancías suspendidas (CIF) alcanzó los US$ 135.584.066 con un alza de 141,58% respecto al 2016”.
Plantearon que “los comerciantes establecidos somos los principales generadores de empleo, con un 24% de la fuerza laboral. Representamos a su vez, más del 12% del PIB y pagamos en tiempo y forma nuestros impuestos. Vemos con gran preocupación, como crece de manera exponencial el comercio ilegal, que hace aún más difícil nuestra subsistencia, sobretodo en el contexto que estamos viviendo, marcado por una fuerte desaceleración, especialmente en el tercer trimestre del año en relación a los anteriores, con un crecimiento de 2,8% anual”.
