La obligaban a realizar trabajos forzosos por más de 14 horas diarias y la mantenían desescolarizada.
Tras una investigación dirigida por la Fiscalía de Iquique, junto al OS9 de Carabineros, la fiscal Camila Albarracín obtuvo este miércoles la prisión preventiva de dos imputados que obligaron a una adolescente a realizar trabajos forzosos por más de 14 horas diarias, sin acceso a educación formal.
En la audiencia de formalización, la fiscal informó que, durante el primer trimestre del año 2025, el imputado J.C.C. y la imputada N.L.Q., ambos de nacionalidad boliviana, acogieron a la víctima cuando tenía 13 años, luego de que ésta habría ingresado de manera irregular al país. Desde el momento en que comenzó a residir en el domicilio de los imputados, la adolescente fue obligada a realizar trabajos forzosos en un local de frutas y verduras del Terminal Agropecuario de Iquique, de propiedad de ambos.
En ese contexto, la víctima fue sometida a jornadas laborales que superaban las 14 horas diarias, iniciando sus labores entre las 4:00 y 5:00 de la mañana y extendiéndose hasta pasadas las 20:00 horas. Durante ese tiempo debía realizar labores de limpieza, carga de cajas y carros, así como atención de ventas, lo que impidió su acceso a la escolarización. Incluso, en algunas ocasiones, fue obligada a pernoctar en el local comercial, situación que fue observada por locatarios y trabajadores de establecimientos aledaños.
La investigación, iniciada tras una denuncia anónima, permitió a la Fiscalía instruir diligencias investigativas al OS9 de Carabineros, quienes verificaron los hechos y establecieron que la víctima habría intentado fugarse en al menos una ocasión. Con estos antecedentes, se solicitaron las respectivas órdenes de detención, las cuales se materializaron el martes en el mismo local comercial.
Tras la exposición de los hechos en la audiencia, la fiscal Camila Albarracín solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, petición que fue acogida por el tribunal por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Fuente: fiscaliadechile.cl.
