Por Neftalí Carabantes
Director Centro de Estudios en Seguridad, U.Central y ex subsecretario de Carabineros
Fruto del megaoperativo denominado ‘Operación Apocalipsis’, se logró la detención de 66 personas (44 de ellos gendarmes). A los funcionarios de Gendarmería se les acusa de recibir dinero a cambio de permitir el ingreso de visitas indocumentadas a las cárceles, además de proveer a los internos de celulares, alcohol y hasta drogas. Este es el caso más grave de penetración en Gendarmería del crimen organizado.
El desbaratamiento de esta nueva red de funcionarios coludidos revela una profunda crisis. Según datos de la misma institución, en año 2020 el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en circunstancias que al mes de noviembre de 2025 la cifra aumentó a 63.000 (Chile cuenta con capacidad carcelaria cercana a 42 mil), lo que revela un grave hacinamiento (más del 146% de ocupación). Además, existen cerca de 1.400 bandas criminales dentro de las cárceles y, de estas, al menos 600 estarían activas delinquiendo.
En la esfera intramuros, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual, con reclusos más agresivos (muchos extranjeros), quienes han llegado acompañados de incivilidades y modalidades delictivas como la extorsión, la tortura, el sicariato y el reclutamiento criminal entre reos y facciones delictivas. En suma, en el Chile el encarcelamiento promueve el delito en lugar de disminuirlo.
En este distópico escenario se torna imperioso acometer una reforma a la gobernanza penitenciaria. En esta línea, el gobierno ha anunciado una reforma pertinente, urgente, y cardinal, que avanza en la idea de crear una policía penitenciaria y, en segundo término, de traspasar su dependencia, desde el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad. Resulta esencial elevar el rango de Gendarmería al de una Policía Penitenciaria, a fin de alcanzar una institución moderna, jerárquica, innovadora y eficiente.
Desde luego, una Policía Penitenciaria debe producir inteligencia policial carcelaria para detectar y detener la operación delictual, así como fracturar y desarticular a las bandas criminales intrapenitenciarias, a través de la recolección y procesamiento de información y pruebas obtenidas de primera fuente.
Las amenazas y los riesgos en materia de seguridad son cada día más complejos y dinámicos, lo que exige que el Estado deba enfrentarlos de manera unitaria y coordinada, desde una lógica colaborativa, multidimensional y multisectorial.
