La eventual prórroga de la concesión de ZOFRI acompañada de una extensión de la inmutabilidad tributaria sin la correspondiente reforma legal – o mediante un diseño incompatible con estándares internacionales – no solo presenta riesgos constitucionales internos, sino que genera un impacto negativo significativo a nivel internacional.
En primer lugar, una extensión ilegal o mal estructurada de la inmutabilidad tributaria puede ser interpretada como la consolidación de un régimen fiscal preferencial rígido y potencialmente incompatible con los compromisos asumidos por Chile en el marco de la OCDE y las acciones BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Esto podría posicionar al país como tolerante frente a prácticas de competencia fiscal dañina o planificación tributaria agresiva, afectando su reputación como jurisdicción seria y cooperante.
En segundo término, un régimen de estabilidad absoluta hasta 2050, sin exigencias de sustancia económica real, transparencia y revisión periódica, podría ser percibido como un enclave fiscal artificial. En el contexto actual de gobernanza tributaria global, los regímenes que no exigen actividad económica efectiva ni cumplen estándares de intercambio de información son objeto de escrutinio y presión internacional.
Asimismo, una prórroga ejecutada sin base legal clara expone al país a cuestionamientos de seguridad jurídica. La percepción externa de que un régimen especial se mantiene o extiende al margen del principio de reserva legal debilita la confianza en la institucionalidad chilena, particularmente en materia tributaria y regulatoria.
Además, la falta de modernización del modelo – manteniendo un esquema basado casi exclusivamente en exenciones amplias – proyecta una señal de atraso normativo frente a la evolución de las zonas francas modernas, que hoy operan bajo estándares de innovación, valor agregado, sustentabilidad, control y cumplimiento internacional.
En síntesis, una prórroga ilegal o mal diseñada de ZOFRI no solo arriesga nulidad interna y conflictos constitucionales, sino que puede deteriorar la reputación internacional de Chile en materia tributaria, generar tensiones con estándares OCDE y compromisos BEPS, debilitar la percepción de seguridad jurídica, exponer al país a
cuestionamientos por competencia fiscal dañina y afectar su posicionamiento como economía seria y alineada con la gobernanza global.
En el contexto actual de cooperación tributaria internacional, la extensión del régimen de ZOFRI debe ser legal, transparente, modernizada y plenamente compatible con estándares internacionales. Cualquier desviación de ese camino trasciende el ámbito regional y compromete la imagen país.
Resulta legítimo cuestionar si esta actuación constituye una nueva negligencia del actual directorio de ZOFRI o una maniobra que traslada deliberadamente al gobierno entrante un problema jurídico, fiscal y reputacional de gran magnitud.
Por Patricio Sesnich Stewart.
