- “Aún no se puede saber si las reformas han significado mejoras en la protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”
A más de cuatro décadas de su creación y tras un proceso marcado por graves vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) abre una nueva etapa en la protección de la infancia en Chile. Así lo señaló Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia (ICF) de la Universidad de los Andes (Uandes), al analizar el proceso de transformación del sistema de protección infantil en el país.
El SENAME fue creado en 1979 con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y atender a jóvenes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, a lo largo de los años, la institución enfrentó una profunda crisis, evidenciada por denuncias de maltrato, negligencia, deficientes condiciones en los centros y, de manera especialmente dramática, la muerte de menores de edad bajo su cuidado.
Uno de los casos que marcó un punto de inflexión fue la muerte de Lissette Villa en 2016, hecho que derivó en investigaciones administrativas, judiciales y parlamentarias que confirmaron la existencia de vulneraciones sistemáticas dentro de los centros del SENAME. “Estos antecedentes evidenciaron falencias estructurales del sistema de protección de la infancia y obligaron al Estado a impulsar una reforma profunda”, recordó Valenzuela.
Como resultado de ese proceso, en 2021 se creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, encargado exclusivamente de la protección de niños y adolescentes gravemente vulnerados. Paralelamente, las funciones relativas a adolescentes infractores de ley fueron traspasadas al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, mientras que la protección especializada quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Este rediseño institucional fue acompañado por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que establece un enfoque de derechos y redefine el rol del Estado, las familias y la sociedad en la protección de la infancia.
No obstante, desde el Instituto de Ciencias de la Familia advierten que aún es temprano para realizar una evaluación definitiva del nuevo sistema. “Si bien se han producido cambios estructurales relevantes, todavía no es posible determinar si estas reformas han significado mejoras sustantivas en la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”, señaló Valenzuela.
Desde una perspectiva centrada en la familia, la directora del ICF subrayó la importancia de fortalecer el rol de los hogares en el proceso de protección. “Confiamos en que el sistema, hoy en su fase final de implementación, logre consolidar un enfoque que apoye y acompañe a las familias, fortaleciendo sus capacidades para que el mayor número posible de niños y adolescentes pueda crecer y desarrollarse en su entorno familiar”, concluyó.
