Sr. Director: En cada proceso electoral, las cifras de baja participación suelen asociarse a desinterés. No obstante, para muchas personas con discapacidad, estos números reflejan una exclusión estructural más que una falta de voluntad.
El Censo 2024 confirmó que el 11,1 % de la población chilena de cinco años o más vive con alguna discapacidad, lo que equivale a más de un millón novecientas mil personas. Su escolaridad promedio alcanza solo los 8,9 años, casi cuatro menos que quienes no presentan discapacidad, lo que evidencia una brecha que no es solo educativa, sino también política.
Participar en democracia exige algo más que el reconocimiento formal del derecho a voto. Requiere condiciones materiales, comunicacionales y estructurales que aseguren el ejercicio pleno de ese derecho. Sin embargo, persisten múltiples barreras, tanto en los espacios físicos como en la disponibilidad y difusión de protocolos y accesos de información, en la preparación del personal electoral y organizaciones que se relacionan al proceso, pero en especial en la concientización y relacionamiento de inclusivo del resto de la sociedad.
Desde Fundación Ronda, hemos recibido numerosos testimonios de personas que no pudieron votar por falta de transporte y accesibilidad universal, por desconocimiento del procedimiento o simplemente porque nadie les explicó el propósito de la elección. No se trata de falta de interés, sino de falta de acceso.
Una democracia verdaderamente inclusiva debe garantizar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y condiciones. Pero lo más importante, necesitan una sociedad que entienda y se haga cargo de esto, ya que mientras estas garantías no sean universales y permanentes, la exclusión seguirá siendo parte del sistema.
María José Escudero
Directora de Incidencia y Desarrollo
Fundación Ronda
