Este escrito, publicado hace años, muestra cómo ha evolucionado la crisis venezolana, cómo se va deteriorando la gobernabilidad hasta el colapso final.
«La negativa y la posterior aceptación extemporánea de hacer el conteo manual de los votos de esta elección del 14/4/13, obviamente, ¡qué duda cabe! repercutirá y agravará la gobernabilidad de Venezuela. En efecto, según el destacado académico español, fallecido prematuramente, Don Joan Prats, las crisis de gobernabilidad –como coyunturas críticas que implican a gobernantes y gobernados- se desarrollan en tres momentos distintos y bien definidos:
a) La crisis de gobernabilidad como crisis de legitimidad. Es el momento en que las acciones y decisiones gubernamentales pierden pertinencia y la correlación de fuerzas políticas, que en principio era favorable al gobierno, se vuelve en su contra produciendo bloqueos importantes en la agenda gubernativa. Es la coyuntura en que se resquebraja la viabilidad política de las acciones y decisiones gubernamentales y se activan las tensiones y conflictos de mediana intensidad conflictiva;
b) Crisis de gobernabilidad como crisis de conducción política. Es el momento en que la pérdida de viabilidad política del gobierno y la intensidad de las tensiones y conflictos hace que los gobernantes pierdan el control no sólo sobre las principales variables de control gubernativo, sino sobre los gobernados. Es la coyuntura en que se fractura la viabilidad política de las acciones y decisiones gubernamentales y se activan las tensiones y conflictos de alta intensidad conflictiva;
c) Crisis de gobernabilidad como crisis del Estado. Es el momento de la fractura total. Sin referencia a ningún tipo de control gubernamental, la crisis lleva a una fractura del Estado y su régimen político. Es la coyuntura en que ya no hay ninguna viabilidad política de las acciones y decisiones gubernamentales y se pierde el control de las tensiones y conflictos de la sociedad.
Aceptar que las crisis de gobernabilidad se origina y desarrolla en tres momentos distintos implica aceptar que, como coyunturas criticas, existen elementos que estructuralmente propician la degradación de la función gubernativa: ilegitimidad del gobierno y las instituciones, agravamiento de la crisis política y económica, incremento acelerado del costo de la vida, aumento de la pobreza, inseguridad y represión impune.
a.- Crisis de Gobernabilidad como Crisis de Legitimidad
Los primeros síntomas de crisis de gobernabilidad se presentan cuando las acciones iniciales de un gobierno, lejos de mostrar un equipo de trabajo firme, decidido y con una idea clara de lo que se debe hacer, revela un equipo muy fragmentado en sus concepciones, incomunicado entre sí y sin ninguna orientación sobre la tarea de gobierno a cumplir. El activismo inicial del presidente produce demasiados costos a la tarea de darle forma y ordenar la acción de gobierno. Las tareas de coordinación son muy débiles y el uso de los mecanismos institucionales de formación y coordinación de las políticas muy esporádico.
Cada intervención del Presidente o uno de sus ministros sobre la gravedad de la situación que reciben es más preocupante que la anterior. La imagen de crisis que se produce siempre supera la imagen de capacidad del gobierno para enfrentarla. Cada problema se ve más grande que la solución que se propone. Mientras que los agentes económicos expresan su disposición a hacer el sacrificio que sea necesario, al gobierno le faltan alternativas claras para buscar una salida. En medio de la imprevisión, las decisiones de política no sólo se demoran sino que tampoco atacan los problemas de raíz. Las expectativas de inversión, producidas por el cambio de gobierno, se diluyen tan rápidamente como la disposición de los agentes a sacrificarse.
La crisis como malestar comienza a expresarse bajo una novedosa faceta: la distorsión en los tiempos del gobierno. Antes de haber cumplido los primeros meses de su posesión, la imagen del Presidente comienza a registrar bajos niveles de aceptación. Lo que debía ser todavía una «luna de miel» con los gobernados, se convierte en la primera amenaza de divorcio. Los medios de comunicación no dejan de registrar hechos que comprometen en situaciones irregulares a los funcionarios más cercanos al Presidente. Los grandes aliados del gobierno, han comenzado a presionar por una acción gubernamental más decidida frente a la crisis. El presidente aparece atacado por todos los flancos. Entre los ciudadanos cada vez más gana terreno la creencia de que los acontecimientos se precipitan, uno tras otro, desbordando la capacidad del gobierno para controlarlos.
La crisis comienza a escalar hacia una crisis de legitimidad. La credibilidad del gobierno se derrumba. El incumplimiento de los compromisos gubernamentales deja de ser una sensación para convertirse en una realidad que se le reprocha al gobernante. Una sensación generalizada de incertidumbre, propia del final de los gobiernos, parece haberse apoderado de gobernantes y gobernados. Inclusive la afirmación de que el Presidente «no terminará su mandato» comienza a trascender en distintos ámbitos. La impericia del presidente y su equipo para gestionar su agenda más allá de las contraprestaciones que pueda dar a sus contradictores, con tal de calmarlos, hace que los problemas de credibilidad institucional del Gobierno se convirtieran en problemas de legitimidad política. Los ciudadanos comienzan a observar señales evidentes que las decisiones gubernamentales ya no están dirigidas a privilegiar lo público, sino más a mantenerse en el poder.
b.- El escalamiento de la crisis: hacia crisis de conducción política
La mayor presión de los medios de comunicación, en un entorno en el que se está perdiendo incluso la confianza de los más cercanos amigos, hace que la acción del gobierno quede a la zaga de los acontecimientos. Cada acción, cada decisión, es una reacción a una presión de un opositor. La falta de instrumentos para volar en la tormenta no sólo hace que a cada instante, se modifiquen las prioridades de la agenda de gobierno. También bloquea la iniciativa gubernamental, llevándola a una batalla suicida con la oposición. El arma de cambio que había esgrimido contra sus enemigos, se vuelve en su contra. De un momento para otro, la crisis de gobernabilidad adquiere una forma más avanzada: la de una crisis institucional en la que el gobierno pierde la iniciativa y el control sobre sus más importantes procesos de gobierno, sus principales organismos, políticas y programas gubernamentales.
Pese a los esfuerzos, el presidente no logra darle soporte gubernamental a su proyecto político. Por una parte, no puede imponer a las instituciones una dinámica capaz de producir un discurso y una práctica gubernamental sincronizada con la búsqueda de su proyecto. Y por otra, los enfrentamientos entre los altos funcionarios del gobierno revelan que tampoco ha logrado articular el equipo de gobierno en torno a tal propósito.
Las consecuencias no son despreciables. En primer lugar, el gobierno corre el riesgo de representarse sólo a sí mismo (y eso suponiendo que en el gobierno haya plena unidad), lo que debilita significativamente su posición conductora. Y por otra, en un escenario de polarización, la visibilidad de los actores del proceso sean más utilizados como tribuna para profundizar la división política o como plataforma de lanzamiento para las aspiraciones presidenciales.
El gobierno se muestra incapaz para estructurar una estrategia definida. No hay agenda interna. Hay una multiplicidad de acciones puntuales forzadas por las circunstancias y no trazadas por una estrategia. No hay unidad de criterios, ni unidad de gestión. Las convocatorias para un acuerdo político aparecen vacías de sentido estratégico y contenido político. Tampoco hay agenda externa. Las presiones internacionales se vuelven un factor en contra que viene a agravar la situación del gobernante.
El gobierno se revela incapaz para medir la interferencia de los medios de comunicación. La inmediatez de los medios no logra ser bien manejada. El gobierno no logra convertir a los medios en traductores fieles de un mensaje consistente sobre los fines y los medios de su búsqueda de sus políticas. Antes que transmitir seguridad y consistencia, las intervenciones gubernamentales, cuando no crean nuevos conflictos, producen incertidumbre y zozobra. A diferencia de los boxeadores experimentados que saben la importancia de absorber los golpes, el gobierno acusa cada golpe que recibe de los críticos y se desgasta demasiado en su respuesta.
En estas condiciones, la crisis de gobernabilidad se expresa a través de la descomposición de los mecanismos de dirección y coordinación gubernamental. No se trata de una crisis de gobernabilidad producida por el quiebre del modelo de gobierno o por el estilo de gobernar. Se trata más bien de una crisis desatada por la progresiva pérdida del Presidente y su equipo de la capacidad de conducción política del Estado y la sociedad que gobierna. Es la crisis en la que los gobernantes no sólo ven disolver los instrumentos de conducción, sino también parecen perder el horizonte. Se hace evidente su incapacidad para estructurar un proyecto (político) que defina la trayectoria (política) que el Estado y la sociedad deben seguir para alcanzarla. Tampoco logra que ciudadanos e instituciones puedan absorber las exigencias (políticas) que impone el objetivo y se acomoden a las condiciones (políticas) del momento. Lo que en apariencia se reclama como una pérdida de liderazgo, en la realidad se revela como lo que es: una pérdida en la capacidad de conducción política.
c).- La explosión: ingobernabilidad como crisis de Estado
La perdida de conducción política pone en evidencia las fracturas estructurales del Estado y su régimen político. El gobierno no sólo pierde capacidad de conducción y control político. También lleva a la institucionalidad estatal a una situación de extrema fragilidad. No ha logrado estructurar un propósito político trascendente; no ha podido darle un adecuado trámite a las tensiones y conflictos políticos e institucionales; y no ha conseguido gestionar la agenda de gobierno manteniendo claras las prioridades. El gobierno no se erige en factor de cohesión social y, en cambio, sí se deja arrastrar por la polarización en la que está inscrito como uno de los confrontados de una disputa, en la que cada quien está en un bando. Las tensiones y conflictos políticos e institucionales, que copan la agenda pública, comienzan a hacer parte de las angustias cotidianas. Sin un líder a la vista, miles de alternativas se proyectan buscando imponerse sobre las demás. El horizonte hacia el que la sociedad y el Estado deben transitar se pierde por completo. Los elementos fundamentales de la unidad nacional se disuelven en la ausencia de una sólida alternativa institucional y pública.
¿Cuáles son los intereses del Estado y la nación que hay que preservar? ¿Cómo lo van a hacer? Son las dos preguntas que parecen abandonar definitivamente las mentes de gobernantes y gobernados. Los requisitos de la seguridad interior, son desplazados por los requerimientos de la «estabilidad» política. Los intereses del Estado y la nación se disuelven en los intereses del pequeño círculo que gobierna y hace todo para mantenerse. El clientelismo no refleja otra cosa que la maraña de lobbies a la que está quedando reducido el ejercicio de gobierno. Militares, políticos, congresistas, jueces, periodistas, empresarios, ministros, directores generales, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales se han convertido, por la fuerza de las circunstancias, en pequeños lobbistas que luchan por el poder que emerge de la repartición del presupuesto y la burocracia. Pero aquí nadie gana. Como dice Castoriadis «cada uno de los lobbies es capaz de bloquear cualquier política contraria a sus intereses reales o imaginarios; ninguno de ellos tiene una política general y si la tuviera no tiene capacidad para imponerla». En estas condiciones el presidente es un monarca encadenado. Cada lobbista se encarga de recordar los compromisos que debe cumplir para poder gobernar.
La crisis de gobernabilidad ya no consiste en una inadecuación del aparato estatal. Tampoco en una separación, a la manera gramsciana, entre dirección y coerción (Lechner, 1977). Más profundamente la crisis radica en la pérdida del lugar estructural del Estado y la sociedad. Es la crisis en la que los gobiernos se revelan incapaces para mantener un norte al Estado y a la sociedad que gobiernan.
El quiebre de los monopolios de partido único y el bipartidismo, o la irrupción de las «autodefensas» como formas substitutivas de la represión oficial, que desbordan la territorialidad e institucionalidad de las formas y códigos de cohesión, regulación, control y disciplinamiento social;
La permanente confusión y usurpación de poderes entre las ramas del poder público y la conversión y extensión del clientelismo, la corrupción y el burocratismo como «sistemas de protección social», que señalan incapacidad para recrear una juridicidad que precise la naturaleza y composición interna del sistema jerárquico de autoridad y delimite las competencias, funciones y responsabilidades en el ejercicio del poder institucionalizado (político, económico, administrativo, militar, etc.);
La profundización de la informalidad, la dolarización de las economías, la especulación y fuga de capitales, la evasión de impuestos o el incumplimiento de las normas laborales, que reportan la imposibilidad de restablecer las relaciones entre las formas y mecanismos de gestión y regulación del capital y el trabajo y los patrones de acumulación y competencia entre capitales;
La utilización recurrente de los instrumentos de «excepción», el repliegue del militarismo o la pérdida del control sobre las formas y organismos para-estatales de contención de los conflictos y luchas sociales, que pone de presente la incapacidad para mantener la producción y reproducción de los mecanismos a través de los cuales la «ilegalidad» del Estado de Derecho se transforma en la «legalidad» de los «Estados de Excepción»;
La incoherencia de las políticas y las acciones gubernamentales que, reducidas cada vez a intervenciones espasmódicas, al golpe por golpe, y contradictorias entre sí, revelan la ausencia de un proyecto global de gobierno de la sociedad y del aparato público.
Todo en un escenario en el que las fuerzas del mercado político se muestran incapaces para asignar eficientemente los recursos en el sistema. Los aparatos represivos no pueden contener los conflictos. El virtuosismo que se le imputa a los ciudadanos y a sus organizaciones brilla por su ausencia. Las reivindicaciones populares se ahogan en un «revuelto de reclamaciones corporativistas que contradicen la noción de interés general y la igualdad no cesa de ser una reivindicación platónica» (Gilly, 1992). Es el momento de total ingobernabilidad: el de la fractura del Estado».
fjavier.vargasg@gmail.com
Francisco Javier Vargas Galindo, Ex Profesor UCAB.
Fuente: reportecatólicolaico.com
(incluida la foto)
El artículo se puede homologar con varias naciones –incluido Chile- y aparece de plena actualidad, siempre es poco el tiempo para que se evite el tercer momento de explosión: Ingobernabilidad como crisis de Estado. No perder de vista que existe un Deber Constitucional para evitar la fractura total del Estado y el régimen político. Se necesita despertar y reaccionar.
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