Cada 3 de julio se recuerda a nivel mundial el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esta fecha fue instaurada en 2008 por la organización catalana Rezero y posteriormente difundida por la red Zero Waste Europe. Su objetivo es generar conciencia sobre el daño ambiental que provocan estos productos de un solo uso y promover alternativas que sean más respetuosas con el entorno.
En Chile, este tema se transformó en una política concreta con la promulgación de la Ley 21.100 en 2018, que puso fin a la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Aunque su origen no se vincula directamente a esta efeméride, ambas comparten una misma visión: reducir la dependencia de los plásticos desechables. La norma fue pionera en América Latina y se aplicó de manera progresiva hasta alcanzar su implementación total en 2020, manteniendo excepciones solo para bolsas utilizadas por razones de higiene o inocuidad alimentaria.
La ciudadanía respaldó ampliamente esta medida. De acuerdo con cifras del Ministerio del Medio Ambiente, un 95 % de las personas apoyó la prohibición, mientras que el uso de bolsas reutilizables aumentó de un 42 a un 66 % entre 2016 y 2019. Se estima que en sus dos primeros años de vigencia, se evitó el uso de cerca de 4.800 millones de bolsas, lo que equivale a más de 35 mil toneladas de plástico.
Los efectos han sido diversos y positivos. En lo ambiental, se observó una disminución notable de residuos visibles en ciudades y espacios naturales. En el plano social, la norma favoreció prácticas de consumo más reflexivas; y en términos económicos, se abrió espacio para nuevos emprendimientos basados en productos compostables, reutilizables y vinculados a modelos de economía circular.
La ley también generó un efecto multiplicador. En 2019, la Municipalidad de Providencia aprobó una ordenanza que restringe el uso de bombillas, cubiertos, platos y envases de plumavit. Esta normativa ha sido fiscalizada en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y representa un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden complementar las políticas nacionales. Además, se ha fortalecido la implementación de la Ley REP, que regula la gestión de envases y embalajes. En ese contexto, el 3 de julio se convierte en una oportunidad para visibilizar campañas educativas y promover compromisos institucionales.
Sin embargo, los avances alcanzados no son suficientes. Persisten desafíos como la falta de regulación sobre microplásticos y residuos industriales, la necesidad de generar evidencia sobre el impacto real de los materiales alternativos, y la urgencia de mejorar la educación ambiental, sobre todo en sectores donde las opciones reutilizables no están al alcance de todos.
La prohibición de bolsas fue un paso decisivo, pero debe ser el punto de partida hacia una gestión más amplia e integral de los residuos. Esta conmemoración invita no solo a recordar, sino a seguir construyendo un camino donde la sostenibilidad sea parte del día a día y no una excepción.
Tomás Schoffer
Académico Investigador, Escuela de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Universidad de Las Américas. Núcleo de Investigación en Sustentabilidad Agroambiental (NISUA).
