Los interesados cumplieron con la inscripción hasta el 5 de agosto y 17 de ellos se probarán también en la especialidad penitenciaria
Treinta y dos abogados de la Región de Tarapacá rendirán este miércoles la evaluación técnica que la Defensoría Penal Pública realiza para la acreditación de nuevos profesionales especializados en esta línea de trabajo jurídico o renovar la de aquellos que ya integran equipos en la institución. El grupo accederá a través de una plataforma digital, en jornadas que comenzarán a las 15 horas del referido día.
En la oportunidad se rendirá primeramente la prueba para los interesados en desempeñarse en la Defensa General, la cual comenzará a las tres de la tarde. Dos horas después iniciarán su examinación quienes buscan, además, poder ejercer en la especialización de Defensa Penitenciaria.
Las inscripciones para esta oportunidad se recibieron hasta el pasado 5 de agosto, mientras que el contacto para conocer y socializar las reglas de la aplicación virtual de esta evaluación se realizó el lunes 17 recién pasado.
Debido a la contingencia sanitaria por Covid -19, la rendición de los exámenes se realizará por Internet, tiempo real y simultáneo en todo el país, utilizando la plataforma de e-learning “Moodle”. En la ocasión cada inscrito podrá ingresar con el hipervínculo y contraseña recibidas previamente por correo electrónico.
Los abogados que aprueben estos exámenes pueden llegar a integrarse presentando una propuesta a las futuras licitaciones que activa la Defensoría Penal Pública, como también formando parte de la nómina que alguna empresa entregue en ese mismo tipo de proceso.
También existe la posibilidad de incorporarse como abogado de reemplazo en algún equipo que ya tenga contrato en este ámbito.
La Defensoría Penal Pública mantiene, a nivel nacional, un total de 524 jornadas para el sistema licitado, mientras que en la Región de Tarapacá hay 19 abogados en este sistema
La Jefa de Estudios en Tarapacá, Karina Reyes, destacó el éxito en las inscripciones zonales para este nuevo examen, indicando que “con este procedimiento la institución puede asegurar que dispondrá de profesionales altamente capacitados para cumplir con la misión de entregar defensa penal pública de calidad”.
