- Con el plazo final para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral acercándose, durante el año 2024 más de la mitad de las empresas en Chile no completaron el trámite obligatorio de la comunicación electrónica. Esto no solo las expone a multas, sino que también evidencia un bajo compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Desde su entrada en vigor en 2018, la Ley de Inclusión Laboral exige a todas las empresas con 100 o más colaboradores que incorporen al menos un 1% de personas con discapacidad en su dotación. Además, estas empresas deben presentar anualmente, durante el mes de enero, una declaración electrónica que acredite su cumplimiento.
Sin embargo, según los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, solo el 48% de las empresas obligadas cumplieron con la comunicación electrónica correspondiente al año 2024, evidenciando importantes desafíos en la implementación de esta normativa.
“El hecho de que más de la mitad de las empresas no haya enviado la comunicación electrónica es una señal preocupante. Este trámite no solo es obligatorio, sino que refleja el compromiso de las organizaciones con la inclusión laboral,” señala Belén Salinas directora de Inclusión Laboral de Fundación Miradas Compartidas.
La Ley de Inclusión Laboral obliga a todas las empresas con 100 o más trabajadores a contratar al menos un 1% de personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar la inclusión en un país donde el 17,6% de la población adulta tiene algún tipo de discapacidad, según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad. Para aquellas organizaciones que no logren cumplir con esta cuota, la normativa contempla dos alternativas legales: realizar donaciones a fundaciones que tengan proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social, o suscribir contratos de prestación de servicios con personas con discapacidad. “El objetivo de la ley no es solo cumplir un mandato, sino que eliminar prejuicios y mitos acerca de las personas con discapacidad y cómo las incluimos en la sociedad y en el mundo laboral. Es una oportunidad para transformar vidas,” afirma Salinas.
El incumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral no solo refleja un desafío para las empresas en términos de responsabilidad social, sino que también conlleva sanciones económicas significativas. Las multas varían dependiendo del tamaño de la empresa, y pueden alcanzar hasta 30 UTM por cada trabajador y por cada mes de incumplimiento en organizaciones con 200 o más empleados, lo que equivale a cerca de $1,9 millones mensuales por cada vacante no cubierta. Para empresas con entre 100 y 199 trabajadores, el monto es de 20 UTM por cada trabajador y mes, es decir, más de $1,3 millones mensuales. “La multa no debería ser el único motor para cumplir con la ley. Las empresas tienen la oportunidad de ir más allá de evitar sanciones y contribuir al desarrollo de una sociedad más inclusiva,” señala la experta.
Para las empresas que no han cumplido con la cuota del 1%, realizar donaciones a fundaciones es una alternativa legal que permite impactar positivamente en la sociedad. En el caso de Miradas Compartidas, estas donaciones financian programas inclusivos que generan interacciones significativas entre personas con discapacidad y colaboradores de empresas, fomentando la empatía y derribando mitos y prejuicios.
“Nuestro objetivo es que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que vivan la inclusión. A través de nuestras experiencias inclusivas, buscamos cambiar paradigmas y construir una cultura más empática dentro de las organizaciones,” concluye Salinas.
El plazo para poder realizar la comunicación electrónica vence el próximo 31 de enero. En este contexto, las empresas aún tienen la posibilidad de regularizar su situación, ya sea cumpliendo con la contratación exigida por la normativa o mediante las alternativas legales disponibles, como las donaciones o medidas de subcontratación. Estas acciones no solo permiten evitar sanciones económicas, sino también contribuir al desarrollo de iniciativas que promueven la inclusión laboral en el país.
