En el camino hacia el desarrollo y como miembro de la OCDE, Chile debe despertar ante la necesidad que urge avanzar en materia de regulación y apoyo al inmigrante. Hoy, con ya casi un millón y medio de extranjeros en el país, donde el 90% es de América Latina y el Caribe, hemos sido testigos que tanto el gobierno como el sector privado han tenido que tomar varios desafíos producto de este revolucionario fenómeno que tomó a ambos por sorpresa. Pero, aún queda camino por recorrer.
A pesar de realizar varios esfuerzos en forjar proyectos de ley en pro de modernizar la anticuada política migratoria, se ha notado aún un lento andar. En Chile continúa existiendo una fuerte discriminación hacia el migrante y nos encontramos insertos en una sociedad que ha sido incapaz de mirar hacia afuera, considerando los infinitos beneficios que trae cohabitar en una sociedad intercultural.
Un claro ejemplo de esto son las democracias avanzadas de Suiza, Suecia y Australia, entre otras, donde el contacto efectivo entre migrantes y locales ha permitido alcanzar el desarrollo de las naciones. Frente a esto, se hace imperativo apoyar a través de todas las vías de inclusión -social, política, laboral y financiera- al inmigrante, para que podamos, en un futuro, alcanzar la idónea civilización que anhelamos.
Bajo esta línea y haciendo hincapié precisamente en la inclusión financiera, es necesario un trabajo conjunto para que los migrantes puedan acceder a una mejor vida en Chile. Esta integración no sólo permitirá manejar sus finanzas personales al acceder a créditos formales, sino que además podrán aumentar la seguridad de sus ahorros para enviar remesas a sus familias en el extranjero. Con este punto de partida, veremos un nuevo Chile donde un aumento de la fuerza laboral -dado el capital humano y la cultura de los extranjeros- y ajustes en la productividad, permitirán que la sociedad se convierta en una democracia avanzada.
Por Nicole Neuenschwander, Gerenta de Migrante.
