La semana pasada conocimos el lamentable hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hermanas de 91 y 98 años, situación que fue alertada por vecinos que llamaron a la PDI tras varios días sin verlas. Lo triste de esta noticia es que no es primera vez que esto ocurre y al tener una memoria frágil, nos olvidamos rápidamente de estos casos.
Se ha avanzado en otras materias, tales como equidad de género, protección de la niñez y de víctimas de violencia intrafamiliar, pero poco se ha hecho para saldar la deuda abismante y desoladora que tenemos con nuestras personas mayores. No hay que olvidar que la mayoría de la población llegará a esta etapa de la vida, probablemente enfrentada a la disminución de sus ingresos y, en muchos casos también, al abandono.
El 14 de septiembre de 2017 entró en vigencia en nuestro país la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la cual establece la igualdad y no discriminación por razones de edad, y el derecho a la vida y dignidad en la vejez.
Si relacionamos estas normas que forman parte de nuestra legislación con normas constitucionales que reconocen la igualdad ante la ley, prohibiendo y sancionando la discriminación arbitraria, no parece nada descabellado instaurar un sistema similar al que ya disponemos en salud pública, pero enfocado al desarrollo de un control sano para la persona mayor, que permita visitarla con la frecuencia necesaria para que personal de salud verifique sus signos vitales, medicamentos, alimentación básica y, en caso de proceder, activar las medidas cautelares que sean necesarias.
Con esto, se estarían tomando medidas concretas que podrían, en parte, saldar esta deuda y otorgar mayor dignidad a quienes llegaron a la vejez.
Carolina Araya
Directora Carrera de Derecho Universidad de Las Américas
