Para 2050, la población mayor de 60 años se duplicará a 2.100 millones, representando el 22% del total mundial. Chile no está ajeno: en 2024, las personas mayores de 65 años alcanzaron el 14% de la población, y cada vez más viven solas. Este escenario plantea desafíos urgentes para la salud, las pensiones y, sobre todo, para garantizar vínculos sociales que sostengan el bienestar.
Hablar de soledad en la vejez es hablar de una experiencia profunda, muchas veces invisible. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de sentir distancia entre los vínculos deseados y los reales. En Chile, un 43,5% de las personas mayores declara sentirse sola, y más de la mitad presenta alto riesgo de aislamiento social. Esta realidad responde a cambios estructurales: familias más pequeñas, movilidad, urbanización y estilos de vida individualistas.
En este contexto surge el proyecto de ley que busca garantizar el derecho de las personas mayores a mantener relaciones familiares y sociales mediante un procedimiento judicial especial. La iniciativa visibiliza una problemática real, pero su diseño plantea tensiones: trasladar a la vejez el modelo de “relación directa y regular” propio del derecho de infancia presupone una lógica tutelar que no corresponde a adultos autónomos. Judicializar los afectos introduce coerción en un espacio íntimo, donde la voluntad debe primar.
Más que imponer vínculos, Chile necesita políticas integrales que prevengan el aislamiento, fortalezcan redes comunitarias y promuevan un envejecimiento digno, activo y humano.
Dra. Naldy Febré V.
Directora Instituto de Investigación del Cuidado en Salud, U. Andrés Bello
