“El fraccionamiento es un avance, pero no olvidamos que el Senado, el Gobierno y la Comisión Mixta cedieron ante la presión de una empresa: Pacific Blu”, declaró Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, luego de que la Comisión Mixta del Congreso aprobara este martes el mecanismo de asignación de cuota para la merluza común.
Con la nueva fórmula para la Merluza Común, se establece un 45% para la pesca artesanal y un 55% para la industrial si la cuota global no excede las 35.000 toneladas. En caso de superarse esa cifra, el excedente se distribuirá a la pesca artesanal hasta llegar al 50% como tope.
Desde la Alianza Nacional cuestionaron duramente la presión ejercida por la empresa Pacific Blu, filial de Blumar —compañía también involucrada en el caso Bruma—, la que amenazó con cerrar su planta en Talcahuano. “Una vez más, los grandes industriales recurren al chantaje laboral para mantener sus privilegios. Y lo peor es que el Gobierno no tuvo el coraje de mantener su postura inicial: defender a la pesca artesanal frente al poder económico”, agregó Cortés.
“No da lo mismo quién pesca”
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, fue clara: “La industria pesca con arrastre, un arte destructivo que impide la recuperación de especies como la merluza. La pesca artesanal cuida los recursos, pero hoy le dieron más porcentaje a quienes los agotan. ¿Es eso cuidar el empleo o el mar? Nadie se preocupó de velar por el empleo de las mujeres de mar”
Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, valoró los avances pero advirtió que “el plato tradicional del pueblo, la merluza, seguirá siendo un producto de exportación y no de consumo local. Esto afecta directamente a las mujeres y familias que viven de la pesca artesanal”.
El Gobierno faltó a su palabra
Desde la Alianza, también hubo críticas al rol del ministro de Economía, Nicolás Grau. “El ministro tuvo la oportunidad de defender el diseño original del Ejecutivo y prefirió ceder. ¿Quién gobierna en Chile? ¿El Estado o las pesqueras industriales?”, cuestionó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la V región.
Finalmente, la Alianza reiteró que el fraccionamiento, aunque imperfecto, es un paso adelante, pero que el corazón del debate aún sigue pendiente: la creación de una plataforma social que proteja a los pescadores y sus familias frente a crisis como naufragios, colisiones o derrames.
“La plataforma social debe ser ley y debe financiarse con licitaciones que, al menos, devuelvan parte del botín entregado a la industria durante décadas. El Presidente Boric no puede seguir cediendo,. Ejemplo de la indefensión en la que queda la pesca artesanal con las familias del Bruma siguen esperando justicia.”, concluyó Hernán Cortés.
