Declaración Pública: Desde la Asociación de Educadores de Chile A.G. (ASEDUCH) manifestamos nuestra profunda preocupación por las irregularidades reportadas en la aplicación del Examen SIMCE para estudiantes de 8º Básico, que tuvo lugar este miércoles 22 de octubre.
Hemos recibido noticias de diversos Establecimientos Educacionales (EE) de distintas comunas de la Región Metropolitana sobre la imposibilidad de llevar a cabo la evaluación, debido a fallos logísticos como la ausencia o el retraso considerable de los examinadores, o la carencia de los materiales esenciales.
Por su parte, la Agencia de Calidad de la Educación, en su comunicado, ha atribuido la suspensión (que según sus cifras afecta al 3% de los EE) a la responsabilidad del proveedor en el caso de la Región Metropolitana, anunciando la reprogramación y la aplicación de multas.
Si bien valoramos la rápida respuesta de reprogramación, consideramos que esta explicación resulta insuficiente. Rechazamos que la responsabilidad de una falla crítica se delegue únicamente en un tercero, pues la planificación, licitación y supervisión del proceso es una obligación directa e ineludible del organismo público.
Es particularmente preocupante que los mismos proveedores hayan señalado que las licitaciones se realizaron de forma tardía. Esto sugiere una deficiente gestión administrativa que impactó directamente en el reclutamiento y la capacitación del personal, poniendo en riesgo la seriedad del examen.
Exigencia de medidas y mitigación de impacto
Reiteramos la vital importancia del SIMCE como herramienta esencial para el mejoramiento continuo de la calidad educativa. Por ello, instamos a la Agencia y al Ministerio de Educación a:
1. Investigar a fondo el origen del problema, incluyendo las causas de la demora en las licitaciones, y establecer las responsabilidades administrativas pertinentes.
2. Garantizar la máxima transparencia a las comunidades educativas sobre las fallas ocurridas.
3. Extremar las medidas logísticas en la reprogramación para asegurar que las condiciones sean óptimas y estables, minimizando el impacto negativo en los estudiantes, especialmente al momento de responder los cuestionarios del Índice de Desarrollo Personal y Social.
Las comunidades educativas no deben ser las que soporten las consecuencias de las fallas administrativas. Esperamos que esta situación sea abordada con la seriedad y el rigor que amerita la educación de nuestros estudiantes.
