El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió hoy – 28 de agosto- a la situación del juez de Garantía, Gonzalo Figueroa, detenido por el porte de 4,3 gramos de cocaína, asegurando que el episodio es grave y que la institución ha tomado decisiones en forma rápida para esclarecer las responsabilidades del magistrado.
«La situación es que él en este momento está sujeto a una investigación sumaria que está dispuesta ya por la Corte de Apelaciones de Santiago y esto dice relación en los procedimientos tendientes a esclarecer responsabilidad. Esto ya está en marcha. La gravedad misma se explica por la reacción y la pronta investigación. Ciertamente se tiene el concepto que es una conducta que amerita toda la atención», dijo.
La autoridad enfatizó en la incompatibilidad de ser juez y tener un consumo de drogas, por lo que la ley y el Poder Judicial han tomado medidas para la prevención: «El mismo sistema ha dado la señal de la inconveniencia del consumo ligado a la función judicial y el legislador ha establecido los mecanismos de alternativa y todo eso se ha aplicado en este caso. No es bueno pensar que pilla desprevenido al Poder Judicial y al resto del Estado y está todo eso en funcionamiento y son normas legales que ya están en aplicación. La ley ha previsto un conjunto de normas a este respecto, son mecanismos tendientes a la prevención del consumo de drogas como cosa particularmente negativa dentro del aparato estatal y en el Poder Judicial», estableció la autoridad.
«Hay 13 mil funcionarios y son sometidos a control de drogas, de manera aleatoria, todos los integrantes de los diferentes estamentos del Poder Judicial. La ley establece que los jueces deben ser sometidos a este examen aleatorio, pero en el Poder Judicial se amplió a todos los integrantes de tal manera que todos estamos sujetos a ese examen y el resultado es de 54 personas en el período 2008-2018», determinó.
Con fecha 19 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó abrir una investigación disciplinaria por la conducta del juez. «Atendida la connotación disciplinaria de los hechos puestos en conocimiento del Tribunal Pleno, que dicen relación con lo acaecido el 12 de agosto pasado, y que motivó la detención del Juez Gonzalo Figueroa Edwards, se ordena la instrucción de una investigación administrativa», dice la resolución.
El plazo de investigación es de 30 días.
Prevención
El procedimiento de control de consumo de drogas se realiza en el Poder Judicial y Corporación Administrativa anualmente y se inicia en el mes de enero, con la selección de una muestra de funcionarios, que sortea en forma reservada el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, en base a sistema computacional aleatorio.
La muestra aleatoria es de entre un 4% a 5% de cada uno de los Escalafones, correspondiente este año a 559 funcionarios, de un total de 13.394. (Comunicado de Prensa Oficial emanado de la Corte de Apelaciones de Iquique)
