El Pleno de la Convención Constitucional aprobó recientemente las ideas matrices del diseño institucional que podría tener el Congreso Nacional, quedando conformado por la “Cámara de Diputadas y Diputados” y la “Cámara de las Regiones”, la cual reemplazaría al actual Senado.
Pese a las dificultades iniciales que existieron para llegar a un acuerdo político, la mayoría de los convencionales ha optado finalmente por aprobar un sistema bicameral asimétrico, descartando la propuesta sostenida por algunos de conformar derechamente un congreso unicameral.
Dicho diseño establece que el poder político recaerá principalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual será un órgano de representación popular a cargo de generar las leyes nacionales y de fiscalizar los actos del Ejecutivo. Por su parte, la Cámara de las Regiones será un órgano de representación territorial a cargo de generar las leyes de acuerdo regional.
Según dicha propuesta, la Cámara de las Regiones no tendría la facultad de revisar los proyectos de ley de alcance nacional que apruebe la otra cámara, como si ocurre en la actualidad con el actual Senado. En consecuencia, dejaría de existir un modelo de dos cámaras que se “controlan” entre sí.
En consecuencia, será relevante definir qué facultades tendrán finalmente ambos órganos para evitar que la Cámara de Diputadas y Diputados concentre un excesivo poder y que la Cámara de las Regiones termine siendo una entidad sin ningún peso político y sin ningún tipo de injerencia en la otra cámara, de manera que los territorios terminen por tener una presencia mínima en el proceso de toma de decisiones.
Como el Pleno no aprobó las normas que establecen las facultades de ambas cámaras, estas tendrán que ser reformuladas para que puedan volver a ser votadas. Solo en ese momento se sabrá con certeza cuál será el “peso político” de cada cámara en el diseño institucional que se propone.
Paulo Pérez Académico Adjunto de la Carrera de Derecho UDLA Universidad de Las Américas
