- Por Rodrigo Varela, Director de Soluciones Digitales y Control de Gestión de NEST Consultores.
El Registro de Deuda Consolidada (REDEC) surge como un sistema centralizado que consolida las obligaciones financieras de personas naturales y jurídicas, con un doble propósito: fortalecer la evaluación de riesgo crediticio y prevenir el sobreendeudamiento, al mismo tiempo que entrega mayores atribuciones de supervisión a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y transparencia al sistema financiero.
Este nuevo estándar en la gestión, reporte y supervisión de la información crediticia en Chile -que comienza con la entrada en vigor de la Ley N° 21.680 y la Norma de Carácter General N° 540 de la CMF- representa un desafío de gran magnitud para las empresas, ya que deberán cumplir con un modelo de reportería altamente exigente y permanente.
El modelo implica la generación y envío de múltiples archivos normativos (RDC), cada uno con objetivos específicos, plazos definidos y validaciones estrictas, lo que requiere una coordinación continua entre áreas operativas, tecnológicas y de cumplimiento para las entidades reportantes, tanto aquellas fiscalizadas por naturaleza como las incorporadas por volumen de operaciones (haber realizado más de 1.000 operaciones anuales de crédito).
Más allá de la reportería, la normativa impone un estándar elevado en materia de calidad de datos y gobernanza. Las empresas deben realizar pruebas periódicas que aseguren que la información reportada sea exacta, completa y consistente. Asimismo, se exige la realización de auditorías externas anuales que revisen los procesos asociados al REDEC, incluyendo la seguridad de la información, la gestión de consentimientos y la atención de requerimientos de los usuarios. A esto se suma la necesidad de revisar y actualizar, al menos una vez al año, las políticas internas relacionadas con ciberseguridad y tecnologías de la información, reforzando así un enfoque integral de control y mejora continua.
Las consecuencias del incumplimiento son significativas. La normativa contempla sanciones que van desde amonestaciones a multas de hasta 10.000 UTM, hasta eventuales responsabilidades civiles o penales, especialmente en casos de uso indebido de datos o consultas realizadas sin el debido consentimiento.
En este contexto, cumplir con REDEC no es únicamente un desafío regulatorio: es una transformación estructural que impacta procesos, tecnología, gobierno corporativo y cultura organizacional, por lo que es clave ir un paso adelante e idealmente ir de la mano con entidades expertas en el manejo de datos.
El objetivo no es sólo cumplir, hay que proyectarlo como una oportunidad para fortalecer la confianza, mejorar la gestión del riesgo y generar valor.
