La iniciativa aprobada por la Cámara establece que los bancos no atenderán presencialmente el 31 de diciembre y los sábados, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero. Además, se aprobó una modificación a los tribunales ambientales.
La Sala de la Cámara aprobó, por 103 votos a favor y una abstención, y despachó a ley, el proyecto (boletín 17767) que restablece el feriado bancario. La propuesta reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial el 31 de diciembre y los sábados. Esto, salvo que la Comisión para el Mercado Financiero lo autorice.
El texto, originado en el Senado, se respaldó previamente por la Comisión de Hacienda, por unanimidad. La norma restablece una disposición histórica suprimida tácitamente en la tramitación de la ley que promueve la competencia financiera a través de innovación y tecnología (Ley Fintec).
En tal plano, el objetivo de la iniciativa, al reponer el feriado bancario, es permitir que las entidades financieras realicen procesos internos esenciales. Entre ellos se pueden mencionar cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y tareas administrativas.
La iniciativa busca asegurar que los procesos internos se realicen sin riesgos derivados de la apertura de sucursales, manteniendo un estándar operativo coherente con la práctica histórica del sistema.
DEBATE DEL FERIADO BANCARIO
El informe de la Comisión de Hacienda fue rendido en la Sala por el diputado Gastón Von Mühlenbrock. En tanto, participaron en el debate Miguel Mellado, Andrés Giordano, Joanna Pérez, Roberto Arroyo, Carlos Bianchi, Arturo Barrios y Frank Sauerbaum.
En sus intervenciones, las y los parlamentarios respaldaron la propuesta, sobre todo por el beneficio que significa para las y los trabajadores del sistema. Sin embargo, destacaron que no se trata de un día libre para las y los funcionarios bancarios, sino un cierre técnico necesario. Junto a esto, relevaron que la atención se mantiene a través de las plataformas de cada institución bancaria.
Además, señalaron que este cierre es necesario en la actualidad, pero, quizás, no lo sea en los próximos años, con el avance de la tecnología. Así, también, relevaron que Chile es uno de los pocos países que cuenta con esta metodología, que permite que el sistema funcione de forma eficiente. Por esto, valoraron la posibilidad de contar con un amplio respaldo a esta norma que repone el feriado bancario, reconociendo que es una tradición de las instituciones financieras.
RECURSOS EN TRÁMITES DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
La Sala de la Cámara también aprobó, por unanimidad, una modificación a la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales (boletín 16204). Específicamente, apunta a separar claramente la procedencia del recurso de apelación y el recurso de casación en materia ambiental.
Asimismo, consagra la procedencia del recurso de casación en contra de las sentencias dictada en los procedimientos relativos a las materias que son de competencia de dichos juzgados. Se incluyen aquellas reguladas en leyes especiales.
Durante el trámite, el Ejecutivo entregó su apoyo a la propuesta, iniciada en moción en el Senado y a donde volverá ahora en tercer trámite. La razón está dada en su impacto positivo en el fortalecimiento del sistema de justicia ambiental en el país pues permite que las decisiones de los Tribunales Ambientales puedan ser objeto del recurso de casación ante la Corte Suprema.
Asimismo, se estimó que la reforma contribuirá a alinear la legislación nacional con los compromisos asumidos por Chile en el marco del Acuerdo de Escazú, particularmente en materia de acceso a la justicia ambiental. Además, esta modificación facilitará la unificación de criterios entre los tres tribunales ambientales existentes, al permitir que la Corte Suprema establezca directrices jurisprudenciales sobre casos ambientales complejos.
DISCUSIÓN DE ESTE PROYECTO
Participaron en el debate Ana María Gazmuri, María Candelaria Acevedo, Félix González, Marisela Santibáñez, Jaime Sáez, Diego Schalper y Nathalie Castillo.
Se estimó que este es un proyecto que hay que aprobar, dado que empareja la cancha en materia de justicia ambiental. Asimismo, se destacó que la idea es contar con herramientas que permita que los pueblos puedan defenderse de mejor manera, pero con eficiencia en los procedimientos.
Según se comentó, se espera que el desarrollo tenga su contraparte jurídica, pero sin que esto implique dilatar proyectos sin una justificación real y produciéndose duplicidad de recursos entre casación y de apelación. Así, se resaltó que la norma permite a la Corte Suprema intervenir, al tiempo que ordena y clarifica los procedimientos.
