Cada vez que se discute una nueva reforma tributaria reaparece la misma promesa: el sistema de impuestos puede transformarse en un motor para atraer inversión. La pregunta, sin embargo, no es nueva. Y la experiencia chilena muestra que la respuesta no pasa solo por subir o bajar tasas, ni por crear beneficios puntuales, sino por algo más básico y, a la vez, más difícil de construir: reglas estables y confiables. No es casual que, cada vez que este debate vuelve a instalarse, el D.L. 600 sea mencionado con cierta nostalgia. No se trata de idealizar el pasado, sino de recordar un sistema que, con todas sus limitaciones, ofrecía reglas estables en el tiempo, un atributo que hoy resulta cada vez más escaso.
Durante décadas, el Decreto Ley Nº 600 fue el principal instrumento para atraer capital extranjero. No lo fue por entregar grandes exenciones, sino porque ofrecía algo que el mercado valora profundamente: certeza. La invariabilidad tributaria por un período determinado, las reglas claras para remesar capitales y utilidades, y un trato equivalente al del inversionista nacional, permitieron que muchas decisiones de largo plazo se tomaran con un nivel de seguridad poco habitual en economías emergentes.
Con la Reforma Tributaria de 2014 comenzó el cierre de ese régimen. La Ley Nº 20.780 dejó atrás el modelo contractual de invariabilidad y dio paso a una nueva institucionalidad de promoción de la inversión extranjera, apoyada en reglas generales y en la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. El D.L. 600 no se extinguió de inmediato: se mantuvo vigente para quienes ya estaban acogidos, hasta su cierre operativo definitivo en 2016.
Desde entonces, Chile optó por igualar el tratamiento tributario entre inversionistas nacionales y extranjeros. El problema es que este cambio coincidió con una etapa de reformas sucesivas, ajustes frecuentes y un aumento sostenido de la complejidad normativa. El sistema se volvió más sofisticado, sin duda, pero también menos predecible para quienes evalúan proyectos que se piensan en diez o veinte años.
La evidencia es clara: los incentivos tributarios aislados, las rebajas transitorias de tasas o los beneficios específicos, sirven de poco si no se insertan en un marco que entregue estabilidad y reglas comprensibles. La inversión no reacciona solo al nivel de impuestos, sino a la confianza en que las condiciones no cambiarán de forma abrupta.
Una reforma tributaria puede incentivar la inversión. Pero, para lograrlo, primero debe recuperar algo que el sistema ha ido perdiendo: estabilidad normativa y certeza jurídica en el tiempo. Sin eso, cualquier incentivo se diluye y la tributación termina convirtiéndose, más que en un motor de desarrollo, en una fuente permanente de incertidumbre.
Viviana Puentes, Directora Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas
