Cabe recordar que el texto refundido -que está siendo estudiado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado- precisa aspectos sobre licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal.
Ya han sido 6 las sesiones destinadas al estudio, en particular, del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal que otrora fuera conocida como “ley corta”.
Algunos de los aspectos que han concitado acuerdo entre los diferentes expositores, está la propiedad nacional del recurso y el propiciar el consumo humano; no obstante la cuota indígena ha sido cuestionada; además se ha hecho un reiterado llamado a mayores cerezas jurídicas.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado ha escuchado, principalmente, a representantes de la pesca artesanal e industrial, además de las precisiones que vinieron desde el Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca. Este última entidad indicó que el texto legal “tiene dentro de sus objetivos, reemplazar la asignación de licencias transables de pesca establecidas para el régimen de acceso a la actividad pesquera industrial por un sistema de subastas que promueva el acceso en igualdad de condiciones y refleje el costo de oportunidad del uso de un recurso escaso y de alta valoración social”.
Además aclararon que “la indicación presentada por el Ejecutivo, contempla una fórmula para evitar que las subastas iniciales, como las que correspondan con posterioridad, se realicen en un mismo año”.
En sesión siguiente, desde PacificBlu, Marcel Moenne dejó constancia que no están de acuerdo con las indicaciones que prohíben la pesca de arrastre y llamaron a incorporar estándares mundiales sobre certificación y afirmaron que en todo el mundo se “usa” esta técnica, lo que –sin embargo- fue puesto en duda por la senadora Ximena Rincón, quien precisó que desde 2016 la Unión Europea la prohibió este sistema de pesca. En este sentido, adelantó que sería positivo conocer cuáles han sido los efectos en la continuidad de las empresas y la realidad del recurso.
Además, PacificBlue señaló que desde hace un par de meses están entregando a la Junaeb 4 millones 200 mil raciones de merluza, pero “panada”, la que según indicaron es saludable para la comunidad, destacando los beneficios del sabor y mejor consumo humano.
En la oportunidad, además, expusieron Osciel Velásquez y Héctor Bacigalupo de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (SONAPESCA), quienes deslizaron la falta de certezas por las legislaciones al sector. “Vemos un proceso legislativo legislando un tema de futuro (2032), pero que genera incertidumbre ahora y que no resuelve los problemas reales del sector”, señalaron.
Para este punto, la senadora Adriana Muñoz llamó a no pensar que se está legislando a bandos, sino que todos son importantes.
Desde SONAPESCA sostuvieron que “un modelo de administración pesquera debe contener un marco legal de largo plazo que genere estabilidad y certidumbre jurídica; institucionalidad sólida, transparente, participativa y equilibrada; investigación de calidad orientada al manejo de las pesquerías; además de fiscalización efectiva”. (Fuente: Senado)
