Por Francisco Castañeda
Economista y académico Universidad Central
Es indudable que las economías requieren más inversión pública. Así, se requiere la inversión pública, tanto para los bienes públicos como para la actividad privada. En la discusión presupuestaria, se señala que el gasto público proyectado tendría un sesgo anti-inversión al disminuirse la partida de gasto capital (DIPRES proyectaba en esta partida una reducción de 2.500 millones de dólares para el 2026), mientras la participación del gasto corriente aumentaría proporcionalmente más en el gasto público total.
Este sesgo es asumiendo que existe una clara jerarquía social de estas inversiones y que estas se justificarían en todo momento. Pero existe abundante literatura que la sobreinversión publica tiene impactos adversos en el crecimiento (menor productividad marginal, deterioro fiscal, presión en las tasas de interés y distorsiones sectoriales). Por tanto, es crucial saber qué partidas del gasto de capital se reducen y si existe esta jerarquización social. A la par, el foco debe estar en el crecimiento del gasto corriente, en transparencia y eficiencia.
Finalmente, tener claro, que el Estado también sufre por la permisología como lo demuestra la reconstrucción en Valparaíso. Así, la discusión presupuestaria debería contener además el mapa de los procesos administrativos (analizar cuellos de botella) de cómo se materializará el gasto público en áreas sensibles.
