Llegó marzo y con ello la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sin duda, esta instancia nos ha permitido reflexionar acerca de los logros y el empoderamiento que han logrado las mujeres a lo largo de estos últimos años. De hecho, ha quedado más que demostrado que, desde antaño, las mujeres han luchado por el derecho a educar, a ser ciudadanas, a participar en decisiones de país, a ser respetadas, a decidir sobre sus propias vidas y vivir sin violencia.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2014 y 2017, las mujeres que trabajaron en Chile recibieron un ingreso menor que los hombres, con brechas superiores al 29%; y, según la OCDE, Chile ocupa el quinto lugar de los países que cuentan con mayor diferencia de sueldos entre géneros en todo el mundo, donde la mediana salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo es de un 21%.
Sin duda, estas cifras alarmantes nos invitan a reflexionar acerca de la falla que estamos cometiendo todos dentro de nuestra sociedad al no ajustarnos, entre otras cosas, al marco legislativo actual. En concreto, en 2009 la ley 20.384 integró al Código del Trabajo el «derecho a la igualdad salarial». Y, a 10 años de su implementación, es cierto que se han logrado derribar grandes barreras, pero ha quedado demostrado que Chile aún está lejos de alcanzar sus metas, las cuales pasan por poner a la mujer a la misma altura que el hombre, para así alcanzar un trabajo seguro y bien remunerado, sin olvidar la importancia que trae luchar por una semejanza de las condiciones.
Por todo ello, tomar medidas para acortar la brecha salarial en el país es urgente, y es aquí donde deberíamos empezar a mirar las soluciones que han tenido que tomar otros países para lograr resolver esta gran disyuntiva. En Islandia, por ejemplo, la Ley que busca equiparar los sueldos entre hombres y mujeres entró en vigencia en 2018 obligando a que, tanto empresas públicas como privadas, entreguen la misma remuneración por el mismo trabajo realizado. De hecho, incumplir la norma trae consigo sanciones, las cuales podrían llegar hasta los 400 euros por cada día que el empleador falte en esta irregularidad.
Otra gran medida que podríamos adoptar como país es lo que está ocurriendo en Alemania con la Ley para el Fomento de la Transparencia en las Estructuras Salariales. La norma, que comenzó a regir desde este año, obliga a las empresas con más de 200 trabajadores a desvelar los sueldos que reciben individualmente los empleados por una misma labor, para que así los colaboradores puedan tener información sobre la brecha salarial que existe dentro de sus organizaciones.
Estos ejemplos deberían ser las cartas que necesitamos poner sobre la mesa, para que, además de reflexionar sobre la falta que están cometiendo tanto las empresas públicas como las privadas en el país, seamos capaces de generar un cambio real al sensibilizar y educar a la población, en especial a los tomadores de decisiones.
En rigor, el incumplimiento de la ley 20.384, nos muestra, una vez más, que si los cambios sustanciales se hacen a la fuerza no son completamente efectivos. Entonces, el desafío pasa por avanzar hacia una necesaria “voluntad” por parte de todos, para que así podamos lograr el cambio. Pedir salarios equitativos entre personas que realizan una misma labor no tiene que ver únicamente con un aspecto monetario, sino que es un trabajo en conjunto para alcanzar una sociedad más justa.
Por Alejandra Fuenzalida, Directora Ejecutiva de United Way Chile
