Lo que estaba llamado a convertirse en una fiesta del fútbol terminó en una tragedia: dos jóvenes perdieron la vida en un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la violencia en el fútbol (estadios y otros espacios como locomoción pública, barrios alrededor de los recintos deportivos, etc.) y la incapacidad del sistema para prevenirla.
Chile vive desde hace años una peligrosa normalización de la violencia. Esta no solo se ha extendido por diversos espacios sociales, sino que también fue justificada por ciertos sectores políticos. La idea de que manifestarse por medio de la violencia puede tener algún grado de legitimidad ha potenciado (aunque vienen desde hace años) la ocurrencia de fenómenos como el que hoy lamentamos.
Días antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza, barristas de la Garra Blanca anunciaban en redes sociales su intención de ingresar al estadio por la fuerza, sin entradas ni control. La advertencia era pública. Aun así, ni el club organizador ni la autoridad administrativa fueron capaces de anticipar lo que terminó por desbordarse en caos y muerte.
Las barras bravas, y en particular la Garra Blanca, han demostrado una y otra vez su desprecio por la institucionalidad y las normas. Sin embargo, su poder y presencia siguen intactos, en gran parte gracias a la permisividad —cuando no complicidad— de algunos clubes y la inacción del Estado. Esta tragedia evidencia lo que se ha denunciado hace años: la institucionalidad ha sido completamente incapaz de hacer frente al fenómeno de la violencia en el fútbol.
Ni el programa Estadio Seguro, ni los clubes que prefieren mirar hacia otro lado, han adoptado medidas reales y sostenidas para enfrentar esta amenaza. Es momento de asumir responsabilidades. La tragedia de ayer debe marcar el fin de la inoperancia y el inicio de una etapa de compromiso con medidas concretas para erradicar la irracionalidad violenta que cada día se adueña más del fútbol chileno.
Existen propuestas. Desde la implementación efectiva de un registro nacional de hinchas, el uso del sistema de abonos, el regreso de la fuerza pública a los estadios, la calificación de las barras bravas como asociaciones ilícitas, hasta la aplicación de severas sanciones a los clubes que subsidien o toleran a estas organizaciones, pero no la real voluntad de aplicarlas.
Lo ocurrido dentro del estadio no fue un hecho aislado. Es el resultado directo de una violencia estructural que se ha incubado durante años y que hoy cobra vidas. El fútbol debe volver a ser una fiesta. Pero eso solo será posible si enfrentamos esta realidad con la seriedad, el coraje y la voluntad política que hasta ahora han brillado por su ausencia. Sin perjuicio de lo anterior, se espera que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación robusta que permita aclarar los hechos y hacer efectivas las responsabilidades que corresponden.
Jorge Astudillo
Académico Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello
