El “Acuerdo por Chile” suscrito esta semana es expresión de la buena política, esa que es capaz de superponerse a intereses particulares en post del interés colectivo, esa que entiende que aun cuando se piense distinto es posible converger en una decisión común que signifique buscar puntos de encuentro más que poner énfasis en las diferencias, especialmente si lo que está en juego es la capacidad democrática de la comunidad. El acuerdo tiene a lo menos tres aspectos a destacar:
Primero, las Bases Constitucionales son principios que le permitirán a la instancia constituyente, la Comisión Experta y luego al Consejo Constitucional, proponer un texto que evidenciando los cambios indispensables que debe asumir la institucionalidad, respete la tradición constitucional y conecte con el sentido ciudadano, alejándose de propuestas revanchistas y refundacionales. Manifestación de ese nuevo diseño institucional, sin duda, es la configuración de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Además, parece adecuado que en la configuración de la instancia constituyente participe un poder constituido, la C. de Diputados y el Senado, no solo porque son una instancia de representación, sino también porque en dicha labor podrán continuar incidiendo en la construcción de una nueva Carta Política, lo que contribuye a legitimar su indispensable rol en el sistema democrático, el que, en varias ocasiones, algunos han puesto en cuestionamiento.
El establecimiento de la Comisión Experta que presentará el anteproyecto constitucional que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto facilitará el tiempo de trabajo y resolución del Consejo Constitucional y ayudará a corregir errores de redacción, antinomias y déficit de técnica legislativa desde la partida, haciendo más eficiente la etapa de armonización. Así entonces, la instancia especializada propondrá y los consejeros electos dispondrán o decidirán, reconociendo su legitimidad democrática de la cual estarán investidos por la elección popular.
Finalmente, será indispensable en la designación de los 24 expertos, tener a la vista su formación académica y trayectoria profesional, pero por sobre todo su historia de vida, su capacidad de diálogo y comprensión de la importancia de encontrarse con el otro, con quien piensa distinto, de ahí entonces que el carácter exclusivamente academicista no sea el factor prevalente para tener en cuenta a la hora de su nominación. Si se quiere, será indispensable que al igual que como lo hicieron las fuerzas políticas, tengan la capacidad de llegar a buenos acuerdos para Chile.
*Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades UCEN
