Esta situación se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades de nuestro país, debido a los riesgos para la salud pública.
En 2022 se realizaron 172 decomisos por comercio ilegal de medicamentos. Esto corresponde a la incautación de más de 10 millones de dosis de medicamentos.
El comercio ilegal de productos farmacéuticos en la vía pública, así como en redes sociales, ferias, estaciones de metro y otros lugares, atenta contra la seguridad, calidad y eficacia de un tratamiento farmacológico.
Entre las consecuencias que se pueden registrar por haber comprado medicamentos en el comercio ilegal, se encuentran el empeoramiento de síntomas, intoxicaciones, reacciones adversas e incluso aparición de otras patologías.
Adquirir medicamentos en lugares no autorizados para su dispensación significa: desconocer su procedencia, exposición a productos adulterados, acceder a medicamentos distintos al prescrito por el médico, desconocer si cumple con las condiciones de temperatura y almacenamiento adecuados, pudiéndose degradar los principios activos, aumentando la probabilidad de que el fármaco produzca daño hepático, renal, y otros problemas relacionados con medicamentos.
Quienes venden y compran medicamentos en el comercio ilegal no se preocupan del bienestar de la población, la compra por esta vía aporta a la delincuencia y pone en riesgo la vida. Los medicamentos solo deben ser adquiridos en farmacias, las cuales son centros de salud, dirigidas por un Químico Farmacéutico, profesional especialista en medicamentos, quien podrá orientar a la población y educar sobre el correcto uso de ellos, y efectos no deseados.
Fernando Torres Moscoso
Director Escuela de Química y Farmacia U. Andrés Bello
