Los resultados del Censo 2024 han puesto de manifiesto una realidad ineludible: Chile es hoy un país envejecido. El 14% de su población tiene 65 años o más, y el Índice de Envejecimiento revela que, por cada 100 personas menores de 14 años, hay 79 mayores de 65. En la Región de Valparaíso, esa cifra alcanza los 98,6, siendo la más envejecida del país. Las proyecciones son aún más claras: seremos el país más envejecido del Cono Sur al 2050.
Este cambio demográfico representa un profundo desafío para las políticas públicas, que deben ser integrales, anticipatorias y basadas en evidencia. A pesar de esta urgencia, la Ley Integral de las Personas Mayores —que busca promover el envejecimiento digno, fortalecer la institucionalidad del SENAMA y garantizar derechos— permanece estancada en el Congreso desde 2020.
Es imperativo que las autoridades sigan avanzando en la garantía de derechos y calidad de vida de las personas mayores. El envejecimiento de la población no es una proyección futura; es una realidad presente que demanda respuestas concretas, oportunas y pensadas de forma anticipatoria. Retrasar la implementación de políticas integrales para las personas mayores no solo agrava las desigualdades existentes, sino que también compromete el bienestar de una proporción creciente de chilenos y chilenas.
El envejecimiento no es una amenaza, pero la inacción sí lo es. Seguir postergando decisiones estructurales no solo perpetúa injusticias, sino que pone en jaque la sostenibilidad del país. Urge que las autoridades comprendan que el futuro ya no está únicamente en la niñez: también está —y cada vez más— en la vejez.
Lo que necesitamos es voluntad política. Que las personas mayores dejen de ser vistas como una nota al margen, y pasen a ocupar el centro del debate. Porque sin un compromiso real con esta agenda, no hay desarrollo posible.
Agnieszka Bozanic Leal
Académica investigadora carrera Psicología U. Andrés Bello
