«La Asociación Usuarios Zofri AG (AUZ) ha participado en la búsqueda de acuerdos para satisfacer demandas de los trabajadores (cargadores) desde el movimiento del 8 de diciembre de 2016, que tenía por finalidad de dar certeza a la situación de estos trabajadores temporales», así lo manifestaron en un informe los empresarios del sistema.
Con tal objetivo los usuarios se comprometieron a entregar un aporte mensual voluntario de $15.000 mensuales, que expiraba en febrero del presente año, y que sería destinado a incrementar los fondos previsionales de los 586 trabajadores existentes a esa época. Por su parte, los trabajadores se obligaron a transformarse en empresas de estiba y desestiba, que los contrataría y daría estatus de trabajadores regulares y la sociedad Zona Franca de Iquique S.A. se comprometió a no otorgar nuevas credenciales de cargador y poner término a las otorgadas a esa fecha. «Después de 4 años de tomados estos acuerdos sólo los usuarios cumplieron con lo pactado, mientras los trabajadores y la administración hasta hoy no cumplen, y peor aún, Zofri S.A. continuó otorgando credenciales para nuevos cargadores», afirman los usuarios.
Agregaron: «No obstante, la falta de seriedad y responsabilidad de nuestra contraparte, con el ánimo de mantener las buenas relaciones y habiendo cumplido nosotros con el aporte pactado, el 30 de septiembre de 2020, acordamos una extensión (Addendum) de este aporte por dos años, el que termina en febrero del año 2023. Este acuerdo contempla que “Dentro del plazo indicado (dos años), ZOFRI S.A. se compromete a diseñar e implementar un modelo de sistema de carga / descarga que reemplace al actual modelo de operación. Asimismo, ZOFRI S.A. se obliga a poner término al registro de cargadores establecido para el control de acceso a los recintos de zona franca, una vez que se encuentre implementado el nuevo modelo de prestación del servicio de carga / descarga”.
«Sin perjuicio del esfuerzo ya realizado por los usuarios, incluso durante el tiempo que se ha estado cerrado por la pandemia, los cargadores con fecha 20 de octubre de 2021, están solicitando un aporte extraordinario y adicional durante un año de una cuota adicional de $15.000 mensuales para incrementar el fondo de retiro, situación que no evaluaremos bajo la presión de toma del recinto. La causa de la actual toma del recinto está en el incumplimiento del ex intendente regional de su promesa de otorgar un fondo de $ 500 millones, que sumado a otro monto igual entregado por Zofri SA se destinaría un fondo de retiro de trabajadores en edad de jubilar».
«A partir del bloqueo el día martes 2 de noviembre, la AUZ ha estado participando en reuniones primero, para conocer el motivo y luego, para evaluar alternativas de solución; nuestro Presidente ha participado en gestiones que incluyen autoridades nacionales dependientes de ministerios e instituciones relacionadas con Zofri, Hacienda, SEP y otros, con directores de Zofri SA y autoridades regionales, delegado presidencial, seremi del trabajo y otros. Desde la gerencia de la AUZ se gestiona desde el primer día consultas y acercamientos con dirigentes de cargadores para ver disponibilidad de llegar a acuerdos que permitan terminar con el bloqueo, esto incluye reuniones con ejecutivos, gerentes y presidente directorio Zofri, usuarios, representantes de asociaciones de usuarios, etc. se analizó el conflicto, sus consecuencias y las alternativas para terminarlo, entre ellos evaluar continuar realizando el aporte mensual de $15.000. También, hoy como ayer, a las 18:00 horas habrá una reunión de Zofri SA con cargadores para tratar de terminar con el bloqueo».
«Solicitamos opinión jurídica para evaluar la posibilidad de ejercer acciones judiciales, el abogado señala que; “el impedimento de ejercer las labores propias de los usuarios del sistema (garantía del Art. N° 21 de la Constitución) puede dar lugar a un recurso de protección del Art. 20 de la misma, ya que se atenta contra el libre ejercicio de una actividad económica que respeta las normas que la regula, cohonestado aquello con que el Estado no está prestando los servicios que le impone la propia Constitución o la ley, y esto último permitiría demandar al Estado en mi parecer”.
«La opción de exigir a Zofri SA, solicitar auxilio de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes tiene apoyo, se mencionó en la reunión y Vladimir Sciaraffia pidió plazo hasta el viernes, dado que confía en encontrar una solución antes de llegar a esa instancia. Sin embargo, la solicitud fue cursada y aprobada, la fuerza pública está autorizada a intervenir para restablecer el orden en el recinto, en cualquier momento.
El problema mayor, ocasionado por el gobierno regional, es la falta de cumplimiento de un aporte económico ofrecido y comprometido por el delegado presidencial (ex intendente) hoy, las atribuciones de aprobar el uso de los recursos regionales dependen del Gobernador, quien es la autoridad pertinente.
Los cargadores haciendo caso omiso a la buena disposición de los usuarios para ir en su auxilio en forma permanente, bloquearon el Recinto Amurallado, provocando un daño irreparable a la actividad comercial de las empresas ubicadas en el interior del recinto, a los clientes nacionales y extranjeros, al Mall, etc. Impiden el ingreso de usuarios, trabajadores y clientes, el ingreso, traspaso, cambio de ubicación y salida de mercaderías (asegurando carga y descarga para cuando depongan el bloqueo), no reparando en que el origen y la solución del problema no está en manos de los usuarios del recinto».
