La normativa entrega una respuesta concreta y con sentido reparatorio por parte del Estado frente a casos de violencia extrema contra las mujeres.
A tres años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias, el Estado ha otorgado, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), 221 pensiones a niños, niñas y adolescentes cuyas madres fueron víctimas de femicidio consumado o suicidio femicida, avanzando así en una política pública que busca proteger y reparar a las víctimas indirectas de violencia de género.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, destacó el alcance de esta política, afirmando que “la violencia contra las mujeres no solo afecta a quienes la viven directamente, sino que también impacta profundamente a sus entornos y a sus familias. Esta normativa permite reparar, en parte, algo que es irreparable, entregando protección y mayor seguridad a niños, niñas y adolescentes”, dijo.
La secretaria de Estado enfatizó además que “como Gobierno, vamos a seguir trabajando con fuerza para prevenir la violencia contra las mujeres. Nuestro objetivo es claro: que ninguna mujer más tenga que vivir situaciones de violencia porque su seguridad es primordial”.
En este contexto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Arica y Parinacota, Greissy Cofré Mancilla, se refirió a la implementación local de esta medida, “nuestra prioridad es que ninguna mujer ni su familia se sientan solas frente a la violencia extrema. En la región concretamos la entrega de 4 pensiones correspondientes a un caso de suicidio femicida y uno de femicidio consumado. Estos apoyos no son solo una cifra, sino una respuesta del Estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan un respaldo económico y social”, acotó.
Esta normativa establece un sistema de protección integral para hijos e hijas de víctimas de femicidio, contemplando además de una pensión mensual hasta los 18 años, que alcanza casi los 180 mil pesos, acceso preferente al sistema de protección social del Estado y fuero laboral por un año para mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado o tentado.
De acuerdo con cifras reportadas al 30 de abril de este año, en Chile se registran 11 femicidios consumados y 89 femicidios frustrados. Asimismo, el SernamEG ha presentado, en el marco de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, seis querellas de oficio contra femicidas, mecanismo que permite avanzar judicialmente sin requerir patrocinio de las familias de las víctimas.
Proyecto busca evitar revictimización en casos de violencia intrafamiliar
En paralelo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comprometió su patrocinio a un proyecto de ley impulsado transversalmente por parlamentarias de las comisiones de Mujer y Familia, que busca fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y evitar su revictimización durante los procesos judiciales.
La iniciativa incorpora medidas como la declaración por videoconferencia, horarios diferenciados y mayores resguardos para impedir el contacto entre víctimas y agresores en tribunales, buscando garantizar un acceso a la justicia más seguro y digno.
“Como Ministerio creemos que es fundamental avanzar en medidas concretas que permitan resguardar a las víctimas durante todo el proceso judicial, evitando nuevas exposiciones o situaciones que afecten su seguridad y bienestar. Este proyecto apunta precisamente a fortalecer esa protección y mejorar el acceso a la justicia para muchas mujeres”, afirmó la ministra Judith Marín.
