¿Cuánto le cuesta la delincuencia a Chile?
Es mucho más que el valor de lo que se roba.
Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, señaló esta semana que la actividad económica que Chile deja de generar por la delincuencia equivale a entre 4% y 6% del PIB: entre US$12.000 millones y US$20.000 millones al año. En el escenario más alto, son cerca de $40 millones de pesos por minuto.
La delincuencia no solo nos quita tranquilidad. También nos quita crecimiento.
La seguridad se tomó la agenda. La ACOT merece una discusión que vaya más allá del Gobierno.
Chile construyó durante décadas garantías para proteger al ciudadano frente al poder del Estado. Y estuvo bien: son parte esencial de nuestra democracia. Pero el avance del crimen organizado obliga hoy a preguntarnos cómo protegemos al ciudadano frente al poder de organizaciones capaces de controlar territorios, mover dinero y operar incluso desde las cárceles.
A partir de un borrador al que hemos tenido acceso, la propuesta busca establecer que resguardar la seguridad pública sea un deber expreso del Estado y darle nuevas herramientas frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Una de ellas es cambiar la forma de perseguir estas estructuras. Secuestros, extorsiones, robos de vehículos o narcotráfico pueden ser delitos distintos, pero detrás puede existir una misma organización. El Presidente habló de verdaderas “líneas de negocio”: la idea es dejar de mirar solo cada delito y perseguir también a la organización que está detrás.
Otro cambio apunta a las cárceles: regímenes diferenciados para impedir que líderes criminales continúen dirigiendo sus estructuras desde prisión.
También se plantea un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública para territorios donde el crimen organizado desafíe el control del Estado, contemplando la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías.
Aquí el diseño importa tanto como el objetivo. Si se incorporan las Fuerzas Armadas a nuevas funciones de seguridad interior, será indispensable escuchar a las propias instituciones y definir con claridad misión, cadena de mando, reglas de uso de la fuerza y responsabilidades. Fuerzas Armadas y policías cumplen funciones distintas.
Otro elemento esencial es seguir el dinero. La reforma busca actuar, bajo control judicial, sobre bienes, cuentas y activos vinculados al crimen organizado. Porque el crimen organizado también es una economía: tiene capital, logística e ingresos. Perseguir su patrimonio puede ser tan importante como detener a sus integrantes.
Pero un objetivo correcto no valida automáticamente cualquier instrumento.
Ninguna reforma constitucional reemplaza la gestión. Las nuevas facultades deberán ir acompañadas de policías fortalecidas, inteligencia, tecnología e infraestructura penitenciaria. Una ley entrega herramientas; las instituciones deben convertirlas en resultados.
Y aquí aparece una señal ciudadana relevante. Según Criteria, la seguridad es hoy la primera prioridad del país. Un 73% la prioriza frente a la libertad cuando debe elegir entre ambas, y un 61% considera que el Gobierno debe concentrarse en conseguir nuevas leyes y atribuciones. Las medidas consultadas alcanzan entre 75% y 94% de respaldo.
Pero esa misma ciudadanía exige resultados: 54% evalúa la gestión del Gobierno en seguridad peor o mucho peor de lo esperado, y la confianza en que las medidas anunciadas se cumplan es bastante menor que su nivel de apoyo.
El mensaje parece claro: Chile quiere que se actúe, pero quiere que se actúe bien.
La reforma necesita 4/7 en ambas cámaras: 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado. Si el Gobierno alinea a todas las fuerzas afines, podría alcanzar el número en la Cámara, pero en el Senado parte con 26 apoyos potenciales. Le faltan tres votos.
Eso obliga a construir acuerdos. La seguridad puede ser una prioridad compartida, pero una reforma constitucional exige convencer sobre las herramientas.
La discusión debe encontrar un equilibrio: proteger las garantías individuales sin dejar al Estado sin instrumentos eficaces. Los derechos fundamentales deben defendernos de eventuales abusos del Estado, pero también necesitan un Estado capaz de proteger nuestra vida, libertad y bienes frente al crimen organizado.
Chile necesita un Estado más fuerte frente al crimen organizado, no instituciones más débiles para conseguirlo.
Y aquí la seguridad se encuentra con la economía.
Hace pocos días el Congreso despachó la Ley de Reconstrucción Nacional, orientada a recuperar inversión, crecimiento y empleo. Ahora el Gobierno ha situado como siguiente prioridad la seguridad. No son caminos separados.
Podemos mejorar los incentivos para invertir y aprovechar un precio extraordinario del cobre. Pero esas medidas pierden fuerza si un negocio debe cerrar antes por miedo, si una empresa eleva sus costos para protegerse o si una inversión termina trasladándose hacia un lugar más seguro.
En Tarapacá esta relación es evidente. Somos una región fronteriza, minera, comercial y logística, con ZOFRI, puertos y una posición privilegiada frente al corredor bioceánico.
Tenemos oportunidades extraordinarias, pero necesitamos condiciones para aprovecharlas. Un profesional que evalúa trasladarse con su familia mira también calidad de vida y seguridad. Lo mismo ocurre con quien invierte: el capital busca oportunidades, pero también evalúa riesgos.
Por eso recuperar la seguridad no es una agenda paralela al crecimiento. Es una de las condiciones que pueden hacerlo posible.
Ese es el desafío que la ACOT pone sobre la mesa: cuánto poder adicional necesita el Estado para enfrentar al crimen organizado y cómo entregárselo sin debilitar las instituciones que debe proteger.
Porque cuando un comerciante permanece abierto, una empresa vuelve a confiar y una familia recupera la tranquilidad, no solo recuperamos seguridad.
También recuperamos libertad para trabajar, confianza para invertir y condiciones para volver a crecer.
*Por René Ávila Álvarez, es el fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Región de Tarapacá, (CEDET Tarapacá.)
