El seremi de Gobierno de Tarapacá, Rodrigo Vargas, dio a conocer el proyecto de ley anunciado a nivel nacional por la ministra Camila Vallejo y el director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra, con el que el Ejecutivo busca modificar la Ley 20.500 y al Código Penal para proteger a las y los dirigentes sociales, contemplando penas más altas cuando sean víctimas de los delitos de amenazas o de lesiones.
“Este proyecto de ley atiende una necesidad real que nos manifiestan constantemente las y los dirigentes sociales, quienes por el rol que desempeñan en sus comunidades muchas veces están expuestos a la incomprensión de su labor y son fácilmente identificados como blancos cuando se establecen acciones de orden público. Esto no puede seguir pasando, las dirigencias sociales no deben ser amedrentadas o agredidas cuando su trabajo siempre apunta a mejorar la calidad de vida de sus vecinas y vecinos”, indicó Vargas.
PROPUESTA
El proyecto de ley que ingresará el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) propone modificaciones a la Ley N°20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, incluyendo también a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales conforme a la Ley N° 19.418.
Además, tiene como objetivo sancionar con penas más altas la comisión del delito de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigente social. Esto se hace a través de nuevas normas penales para sancionar de manera más severa las agresiones en contra de los miembros de las directivas de organizaciones sociales en ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas.
De ser aprobado este proyecto de ley, las y los dirigentes podrán cumplir con su rol de ser representantes comunitarios, recuperar sus espacios públicos, proponer iniciativas a las autoridades pertinentes y crear y unir a las comunidades con mayores herramientas de seguridad.
