Ante las diversas informaciones difundidas en redes sociales y en medios de comunicación regional, con respecto a la recuperación de una franja fiscal del campamento Laguna Verde, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá aclara lo siguiente:
«El sector a restituir corresponde al 14% del campamento Laguna Verde, específicamente 1.4 hectáreas, que están ocupadas ilegalmente por 134 asentamientos que no tienen una data superior a 9 meses, por lo tanto desmentimos tajantemente que se trate de 1.700 personas que por más de 20 años esperan por una solución habitacional, como erróneamente se informa a la opinión pública.
El número definitivo de familias que abandonará el lugar aún se estima, dado que el levantamiento de información y la notificación efectuada el pasado 20 de enero por un equipo integrado por la Seremi de Bienes Nacionales, SERVIU y la Gobernación Provincial de Iquique, solo fue recibida en 90 viviendas, mientras que en otras 29 no había adultos presentes, dos estaban desocupadas y en otras nueve, los moradores no quisieron atender a los funcionarios públicos. A esto se suman tres sitios de uso comercial – comunitario y un terreno que estaba cercado para iniciar su construcción.
De este universo, la mayoría de las familias tendrán ayuda estatal, salvo 50 familias aproximadamente que no obtendrían beneficios, ya que no cuentan con los requisitos, existiendo una imposibilidad legal de subsidios.
No obstante lo anterior, debe aclararse que tanto el actual gobierno, como los anteriores, se han preocupado de estas ocupaciones ilegales realizadas por familias en precarias condiciones socio-económicas. Prueba de ello, es que a fines de 2019 se entregaron 91 viviendas en el proyecto Altos de Playa Blanca, precisamente para trasladar a las familias de Laguna Verde y hacer posible la construcción de la conexión de la avenida Ramón Pérez Opazo con el Segundo Acceso de Iquique-Alto Hospicio.
Lamentablemente, antes de que estas familias se retiraran del lugar, ya habían sido ocupados los sitios de manera clandestina, por otros habitantes que habían adquirido sitios ilegalmente y las mejoras de quienes se trasladaron a su vivienda definitiva.
El pasado 15 de julio de 2020, se iniciaron las conversaciones en terreno entre los servicios públicos y los ocupantes ilegales, quienes en pleno conocimiento de ocupar un terreno que albergará una obra pública, solicitaron un plazo adicional para permanecer en el lugar, lo que fue otorgado ampliamente por la autoridad, a quien además le efectuaron una serie de denuncias de graves hechos delictuales ocurridos en el sector, siendo puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Iquique.
Sabemos que las familias ocupantes del inmueble fiscal que debe ser restituido, son personas de esfuerzo, que viven en un sector en que también operan grupos delictuales, lo que se constató el pasado lunes 25 de enero tras la detención de nueve personas, 8 de ellos hoy en prisión preventiva, por la ejecución de graves delitos contra la vida y salud de las personas y por distintas infracciones a la ley de control de armas.
Pese a lo anterior, es necesario tomar decisiones complejas pero legítimas para los servicios públicos involucrados, en beneficio del bien común».
