El gobierno de Gustavo Petro publicó un decreto esta semana que obliga a las administradoras de fondos de pensiones a transferir más de US$ 7.000 millones al fondo estatal, denominado Colpensiones. La medida involucra a unos 119 mil colombianos que se cambiaron del régimen privado al público, tras la divulgación de la reforma previsional en Colombia en 2024.
La norma obliga a las AFP a traspasar el 50% de sus recursos en un plazo de 20 días hábiles desde su entrada en vigor, mientras que el 50% restante se debe pagar en los siguientes 10 días. El decreto ha generado un fuerte debate entre expertos en el país sudamericano, debido a las implicancias que tendría en los ahorros para pensiones de los colombianos.
Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, ilustró la situación con un ejemplo: «Imagínese que en su hogar alguien trabaja, ahorra una plata y la guarda para el futuro (…) y de pronto llega otro habitante y le dicen: eso me lo tiene que trasladar», sostuvo en diálogo con El País. Según dijo, la decisión del gobierno de Petro supone quitar el ahorro de los trabajadores, lo que podría «afectar la generación de intereses que garantizan las pensiones a largo plazo».
El gremio de fondos privados, en tanto, cuestionó tanto la legalidad como la justificación financiera de la medida. Velasco señaló que ni la Contraloría ni el Banco de la República entienden la validez del decreto y advirtió que Colpensiones «está recibiendo más recursos de los que actualmente necesita para pagar pensiones».
