La condena de cinco años del exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal Lázaro, y del exjuez Juan Antonio Poblete por interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel mientras investigaba el caso de corrupción conocido como Milicogate, trasciende con mucho a sus protagonistas. No estamos solo frente al cierre de un proceso judicial. Estamos frente a una advertencia sobre uno de los límites que una sociedad democrática nunca puede permitirse cruzar: utilizar el poder del Estado para vigilar a quienes fiscalizan a las autoridades.
Las actividades de inteligencia se justifican en tanto protegen al Estado y a la ciudadanía frente al crimen organizado, el terrorismo, el espionaje extranjero y otras amenazas reales. Precisamente porque disponen de facultades extraordinarias, el Estado de Derecho exige que su utilización esté sometida a estrictos límites: una ley clara que las autorice, un fin legítimo y controles efectivos que garanticen que las medidas adoptadas sean necesarias y proporcionales. Cuando esos límites desaparecen, la inteligencia deja de proteger a la sociedad y comienza a amenazar las libertades que debe resguardar.
La prensa libre no existe para proteger periodistas. Existe para proteger la libertad. La libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir información de interés público. Cuando un periodista investiga un caso de corrupción, quienes realmente lo hacen son millones de ciudadanos que acceden a información indispensable para exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad a quienes ejercen el poder.
Cuando el Estado espía a un periodista no solo afecta su trabajo. También rompe la confianza de quienes denuncian hechos de corrupción o entregan información de interés público. Como advirtió el Amicus Curiae presentado por Columbia Global Freedom of Expression, cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones puedan ser interceptadas, muchos dejan de investigar, otros dejan de denunciar y la sociedad pierde acceso a información esencial para el debate público. El efecto no es solo sobre un periodista; es un daño a la libertad.
Por eso, el espionaje ilegal contra periodistas constituye mucho más que una vulneración de su privacidad. Es una forma de censura indirecta. Produce un efecto amedrentador que desalienta nuevas investigaciones, intimida a las fuentes de información y favorece la autocensura. La consecuencia es que la sociedad comienza a perder su libertad porque deja de conocer aquello que necesita saber para controlar a quienes ejercen el poder.
La libertad no consiste únicamente en que las personas puedan consumir, emprender, desplazarse o expresar sus opiniones. También depende de que exista libertad para investigar, buscar y difundir información de interés público; de que los medios puedan publicar sin presiones políticas ni económicas; y de que ninguna verdad oficial se imponga sin el indispensable contrapeso de voces independientes.
Las personas no pierden su libertad de un día para otro. La van cediendo lentamente cuando aceptan la autocensura de los medios de comunicación, cuando el miedo reemplaza al debate y cuando quienes investigan al poder pasan a ser tratados como una amenaza en lugar de cumplir el indispensable rol de fiscalizarlo. Defender la libertad de investigar y de informar no es proteger a los periodistas. Es proteger la libertad.
