La medida también incluye a funcionarios municipales. Así, cada entidad edilicia debe -adecuándose a su presupuesto- dotar de los medios necesarios para que estos lleven su función de forma oportuna, correcta y segura.
Mediante el Dictamen N° D262/2026, la Contraloría General de la República (CGR) estableció que las municipalidades pueden adquirir, de forma excepcional y transitoria, elementos de seguridad para alcaldes, concejales y funcionarios que hayan denunciado amenazas concretas a su seguridad personal y cuenten con medidas de protección ordenadas.
El pronunciamiento se sustenta en las atribuciones municipales en materia de seguridad pública comunal, así como en la obligación de los alcaldes y jefaturas de unidad de velar por condiciones de trabajo seguras que permitan una actuación eficiente de autoridades y funcionarios.
La Contraloría recuerda que las municipalidades cuentan con facultades legales para adquirir elementos destinados a la protección personal cuando ello resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones, particularmente en contextos de riesgo asociado al ejercicio de cargos públicos. Asimismo, el dictamen considera el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, contemplado en la Ley N° 21.802, cuya entrada en vigor se producirá en agosto de 2026.
Según el dictamen, la entrega de estos elementos de protección deberá cumplir con ciertos requisitos como tener un carácter excepcional y temporal, limitado al período en que subsista el riesgo o la amenaza. Además, debe contar con un informe o evaluación técnica y fundada, emitida por los organismos policiales competentes y/o dispuesta por el Ministerio Público. Finalmente, tiene que estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la respectiva municipalidad.
La CGR también aclara que, si bien los concejales no se rigen por el estatuto de los funcionarios municipales, ello no exime a los municipios de adoptar medidas que resguarden su integridad física cuando enfrentan riesgos derivados del ejercicio de su cargo.
Por último, el organismo de control enfatiza que, dado que las amenazas a la integridad personal pueden constituir delitos, estas deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.
