Hace algunas semanas el Presidente Piñera anunció la presentación de un proyecto de ley sobre “Control preventivo de identidad”. En este sentido hay que recordar que la eficacia de la medida es cuestionada. En septiembre de 2017 la Fundación Paz ciudadana informó a la Cámara de Diputados que no hay evidencia que acredite la eficiencia del control para reducir el número de órdenes de detención pendientes. Además, se anunció la ampliación de este control preventivo a menores de edad, olvidando que este tema fue uno de los más conflictivos el año 2016, producto de la nutrida información existente que recomienda no aplicar la medida a niños, niñas y adolescentes. UNICEF recordó que esta herramienta es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado chileno en 1990 y alertó que cada vez que un/a adolescente tiene contacto con la justicia penal deben adoptare los mayores resguardos posibles. Detrás de esta advertencia subyacen fuertes razones, ya que la herramienta puede ser fuente de discriminaciones arbitrarias para adolescentes de menores recursos económicos, lo que debe vincularse a la teoría del etiquetamiento que ayuda a explicar la delincuencia juvenil. En concreto, si el Estado trata a los adolescentes como “delincuentes” posiblemente ellos entenderán que esa es su “etiqueta” o “rol” y actuarán como tal, aumentando los delitos. Además, según la Fundación Paz Ciudadana la información actual no demuestra que el control preventivo en adolescentes mejore la persecución penal de los delitos. Entonces, si no existe evidencia que acredite la utilidad de la medida, tratándose de órdenes de detención o para disminuir la criminalidad de adolescentes ¿para qué se intenta revivir el debate? Es urgente abordar el tema con mayor seriedad y propiciar el uso de herramientas con eficacia acreditada, analizando seriamente los datos disponibles.
Rocío Sánchez Pérez
Coordinadora del área de Derecho penal
Universidad Andrés Bello
