Chile vive una crisis migratoria sin precedentes, con hechos que tensionan al Gobierno, a las autoridades locales, a la ciudadanía e incluso a los propios migrantes.
Sin duda, esta fuerte presión migratoria es una muestra de que Chile es un país atractivo, donde existe la posibilidad de tener un trabajo en mejores términos que en los países de origen y de tránsito, especialmente en esta época, donde la agroindustria chilena requiere mano de obra de temporada, de hecho, hay muchos extranjeros en dichos puestos de trabajo.
Desde el punto de vista legal, tenemos la nueva Ley 21.325 publicada en abril de 2021, la que aún no está en vigencia porque falta el Reglamento, el que está en etapa de toma de razón en la Contraloría General de la República.
Por tal motivo, actualmente se aplica la antigua Ley de Extranjería del año 1975, que tiene un enfoque basado en la seguridad del Estado y que no se condice con los nuevos lineamientos del tema vinculados a los Derechos Humanos.
De esta forma, nuestra obsoleta ley establece que el ingreso y el egreso de los extranjeros deberá hacerse por lugares habilitados del territorio nacional, y que quienes ingresen al país o intenten egresar clandestinamente, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo, y si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena podrá llegar a los 10 años. Además, establece que una vez cumplida dicha pena, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional.
Las herramientas están señaladas en la ley vigente, pero por su falta de realidad y posibilidad de aplicación masiva ha hecho muy difícil o casi imposible su ejecución. Es más, la nueva ley no vigente, tampoco será una solución completa al problema actual, ya que despenaliza en su Artículo 9 la inmigración ilegal, motivo por el que todo dependerá de la nueva institución del Servicio Nacional de Migraciones, que tiene dentro de sus funciones llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para su ejecución.
Son muchos los desafíos pendientes y altas las expectativas que se tienen respecto de la Ley N°21.325, esperemos que dicha propuesta logre ordenar un fenómeno que en este momento no parece dar tregua.
Carmen Gloria Pérez
Académica de la Escuela de Derecho UDLA
