En Iquique, la Corporación de Asistencia Judicial de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, CAJTA, realizó su Cuenta Pública Participativa 2026 este 2 de julio, instancia encabezada por Patricio Cuevas Lagazzi, en calidad de Subsecretario de Justicia (S) y Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La actividad contó además con la presencia del Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá y presidente del Consejo Directivo de la CAJTA, Claudio Chamorro Olguín, junto al Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Arica y Parinacota, Matías Andrade Gálvez.
También participaron el Diputado por Tarapacá Álvaro Jofré Cáceres, la Fiscal Regional, Virginia Aravena Hormazábal; la Abogada Procuradora Fiscal, María José Venegas Beas; la Seremi de Seguridad Pública, María Peralta Cáceres; el Teniente Coronel de Carabineros, Nelson Tatche Fuentes, el Defensor Penal Público, Gabriel Carrión Calderón; el Cónsul de Paraguay, Estanislao Lezcano, el Coordinador Regional SENAMA, Jorge Rodrigo Aceituno; la Directora Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Liliana Romero Quezada, el Director Servicio Médico Legal, Marcelo Lazcano Flores; la Directora Regional de Gendarmería de Chile, la Coronel Nélida Troncoso Guitiérrez; la Directora Regional SernamEG, Natalia Currín Aracena; la Directora General de sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, Yasna Godoy Henríquez; así como los consejeros del COSOC: Alicia Naranjo Silva, Jesús Mesías Sotoy Rosa González Rivera, además de autoridades comunales, regionales, representantes institucionales, dirigentes gremiales, equipos funcionarios y comunidad.
En la ocasión, el Subsecretario (s) de Justicia, Patricio Cuevas Lagazzi, destacó el contexto y el hito legislativo que se viene, señalando que «El periodo que hoy evaluamos nos llena de satisfacción, pero también nos desafía. Como bien ha destacado nuestro Ministro, Fernando Rabat Celis, estamos viviendo momentos históricos. El pasado 13 de noviembre de 2025 se publicó la Ley N°21.780, una reforma que transforma profundamente el sistema de justicia en Chile al crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. ¿Qué significa esto en lo cotidiano para las personas? Significa ponernos de verdad en los zapatos de la gente. Significa derribar barreras y unificar la asistencia judicial para que el camino sea más simple, rápido y cercano. Pero, además, esta ley se hace cargo de una deuda tremenda que teníamos al crear la Defensoría de las Víctimas, asegurando un apoyo integral —tanto legal como psicológico y social— para quienes han sufrido delitos violentos. Nadie más estará solo en este proceso»; puntualizó.
