La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se encuentra analizando dos proyectos de ley que buscan entregar herramientas penales para abordar la instalación de asentamientos precarios —conocidos como «rucos»— en bienes nacionales de uso público. El diputado iquiqueño Alvaro Jofré manifestó que las iniciativas apuntan a resolver un vacío regulatorio que actualmente limita la acción del Estado frente a ocupaciones que alteran la convivencia vecinal, impiden el libre tránsito o están asociadas a focos delictuales.
El vacío legal y el rol municipal
Actualmente, el marco jurídico chileno sanciona la usurpación de propiedades privadas, pero no contempla una figura penal específica para la ocupación permanente de espacios públicos.
Esta falta de herramientas penales obliga a los municipios a enfrentar la situación únicamente a través de la vía administrativa. Aunque las administraciones locales realizan constantes operativos de limpieza y desalojo, la falta de atribuciones de fondo suele traducirse en la reinstalación inmediata de las estructuras, generando un ciclo de difícil resolución para las comunidades afectadas.
Las dos propuestas en discusión
Para abordar esta problemática de manera diferenciada, el Congreso evalúa dos vías legislativas complementarias:
Sanción vinculada a la comisión de delitos: El primer proyecto establece penas específicas para quienes instalen o utilicen estructuras precarias como base operativa para cometer ilícitos, aplicándose especialmente cuando se detecte el almacenamiento de drogas, armas ilegales o especies robadas en su interior.
Flagrancia permanente por ocupación: La segunda iniciativa tipifica como delito la ocupación de bienes nacionales de uso público con fines habitacionales. Bajo esta propuesta, la conducta se consideraría un delito de flagrancia permanente, lo que facultaría la intervención policial inmediata en cualquier momento mientras se mantenga la ocupación.
Perspectivas de la tramitación
El diputado Álvaro Jofré (PNL), promotor de la discusión, enfatizó que la recuperación de plazas, parques y veredas constituye un pilar clave para la seguridad ciudadana y la salud pública.
«No es razonable que el Estado carezca de herramientas jurídicas para intervenir eficazmente cuando espacios destinados al uso de toda la comunidad terminan ocupados de manera permanente, generando inseguridad e insalubridad», señaló el parlamentario.
Con el fin de asegurar la eficacia y proporcionalidad de las futuras leyes, la Comisión de Gobierno Interior iniciará una ronda de audiencias para escuchar a especialistas en seguridad, autoridades municipales y organismos técnicos antes de proceder a la votación de los textos.
